Estudio analiza funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los Tribunales Ambientales a 5 años de su implementación

14 de Noviembre, 2017

Falta de presupuesto y dotación son parte de las problemáticas detectadas. También se presentaron propuestas para avanzar hacia el funcionamiento óptimo de estas instituciones. |

El pasado 7 de noviembre se presentaron en el seminario “Fiscalización y sanción ambiental: propuestas y desafíos” los resultados de una investigación desarrollada en el marco del Concurso Políticas Públicas UC 2017, que analizó el funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de los Tribunales Ambientales a casi 5 años de su puesta en marcha.

El estudio es de los académicos Kay Bergamini del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC; Ricardo Irarrázabal de la Facultad de Derecho UC y ex subsecretario del Medio Ambiente; Juan Carlos Monckeberg, investigador externo y ex superintendente del Medio Ambiente; y Cristián Pérez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias UCh.

Tras una revisión documental y entrevistas a actores clave ligados al quehacer de estas instituciones, se examinó la institucionalidad chilena a la luz de la experiencia de otros países (Perú, Colombia, EE.UU y Holanda), detectándose brechas o déficits legales y de gestión.

A nivel de administración, las problemáticas o brechas se refieren a dudas respecto del real liderazgo institucional; una baja dotación de funcionarios y de presupuesto en SMA; escases de recursos para administrar tecnología propia para fiscalización; excesivo celo sancionador por sobre medidas de incentivo al cumplimiento; y excesivo plazo del procedimiento sancionatorio. Desde el ámbito reglamentario se plantean problemas de autonomía; controversias entre organismos fiscalizadores del Estado en relación a sus competencias ambientales fiscalizadoras y a la coordinación; divergencias interpretativas en el diseño institucional; un marco regulatorio muy complejo de entender; problema en el nombramiento de ministros; y la imposibilidad de ver situaciones que están fuera del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), aunque se vinculen con asuntos ambientales.

Los investigadores trabajaron también propuestas de política pública para avanzar hacia un funcionamiento óptimo de las instituciones. En materia de fiscalización se sugiere, entre otros, atribuir la facultad exclusiva y excluyente para fiscalizar, mejorando la redacción de la Ley 20.417 y modificando leyes sectoriales; y la implementación de un sistema de acreditación de fiscalizadores. Se propone además racionalizar el procedimiento de sanción frente a la relevancia ambiental y establecer un procedimiento monitorio (otras sanciones) a incumplimientos de baja entidad. A nivel institucional de la SMA se recomienda modificar la designación y remoción del Superintendente, definir una nueva RCA centrada en los aspectos ambientales relevantes, y el traspaso de recursos y/o funcionarios a la SMA. Para los tribunales se plantea mejorar el complejo mecanismo de dictación de Ministros y crear un Centro Técnico Ambiental que les preste servicios.

“Vemos que el país ha avanzado mucho en fortalecimiento institucional, lo que nos queda la duda, porque creemos que no está la información todavía, es sobre cómo finalmente estas instituciones han aportado en la mejora de la calidad ambiental real del país. Ahí creemos que está el nudo crítico: cómo vamos centrando toda nuestra institucionalidad para una mejor calidad de vida de los ciudadanos”, indicó el académico UC y coordinador del trabajo Kay Bergamini.

Tras la presentación del estudio, comentaron sus resultados Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente; Ximena Insunza, ministra suplente del Tribunal Ambiental de Santiago; y Ricardo Katz, director de Gestión Ambiental Consultores.

A propósito de la jurisprudencia de los tribunales ambientales, Ximena Insunza, recomendó complementar el diagnóstico con otros recursos disponibles en la literatura: “Creo legítimo afirmar que la sentencia de los tribunales ambientales se han caracterizado, sin perjuicio de que uno pueda o no compartir sus razonamientos, por estar debidamente fundamentados. Esto ha sido ratificado por la tasa de confirmación de la Corte Suprema”. Sobre una eventual modificación en el nombramiento de los ministros destaca la relevancia de asegurar en el proceso de asignación la formación en aspectos procesales.

Por su parte el superintendente Cristián Franz, afirmó que desde la perspectiva de la institución no se visualiza un conflicto de competencias entre organismos del Estado y enfatizó que ha existido un esfuerzo importante por fortalecer los mecanismos de promoción e incentivo del cumplimiento.

Revisa la presentación, imágenes y audio del seminario aquí.

@cppublicasuc

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