14 Noviembre 2017
La evidencia muestra que los factores extralegales juegan un rol en el proceso de toma de decisiones durante el proceso judicial. Sin embargo, en Chile existe escasa literatura al respecto. Esta realidad motivó a un grupo de académicos del Instituto de Sociología UC –Catalina Droppelmann, Pablo Carvacho, Mariel Mateo y Eduardo Valenzuela– a desarrollar una investigación para analizar la influencia de factores legales y extralegales en las decisiones de fiscales y jueces sobre las medidas cautelares y sanciones que definen para adolescentes infractores.
El pasado 3 de noviembre se presentaron parte de los resultados del trabajo en el seminario“Justicia juvenil: ¿qué influye en la decisión de jueces y fiscales?”, en particular, entrevistas realizadas a jueces, fiscales y otros actores clave, además de la observación de audiencias[1]. “Esta investigación y sus implicancias en política pública las enmarcamos en un momento clave que es la actual discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil”, explicó Catalina Droppelmann. Fueron invitados a comentar el trabajo Andrés Mahnke, defensor nacional Defensoría Nacional Pública; Anuar Quesille, oficial de protección Unicef; y Alejandra Mera, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP).
Entre las conclusiones se obtiene que los actores del sistema consideran que no manejan la información suficiente para la toma de decisiones durante el proceso penal, lo que genera incertidumbre o “estrés decisional”, según la definición de la literatura. Se advierte que la cantidad de información disponible depende de cada caso y que cuando la hay ésta es aportada por alguna de las partes (defensor o fiscal) por lo que presentaría sesgos. Esto ocurre principalmente cuando el caso llega a juicio oral.
Por otra parte, los actores tienen la creencia de que el proceso de toma de decisiones se basa sólo en el derecho y que no entran en juego factores extralegales; también existe la percepción de que los jueces tienen poco espacio para la discrecionalidad y para decidir, ya que la mayoría de los elementos se definen previamente en la negociación entre fiscal y defensor. Además, se hace referencia a un sistema “automatizado”, donde en la realidad no opera el Plan Individual de Intervención debido a que el proceso es altamente estandarizado y por la falta de información.
Aunque se sostuvo que en las decisiones solo operan factores de derecho, se revela también que cuando hay que considerar ciertas variables del infractor se observa su asistencia a la escuela, consumo de drogas y apoyo familiar.
Sobre el tipo de medida o sanción se declara que se toma en cuenta la distribución geográfica de los centros de cumplimiento y la percepción sobre la calidad de aquellos que estarían cerca del domicilio del infractor. Asimismo, los entrevistados advierten una baja confianza en las medidas y sanciones, sosteniendo que no tienen acceso a una evaluación sobre la efectividad de las diferentes sanciones sobre, por ejemplo, la reincidencia. Finalmente, muestran una apertura a utilizar alternativas a la reclusión y a la aplicación de la Justicia Terapéutica y Restaurativa, de tener dicha opción.
Implicancias de política pública
Las propuestas, que serán detalladas en mayor medida una vez finalizadas las otras etapas de la investigación, pretenden aportar en la discusión sobre el tipo de especialización (formación y dedicación) necesaria para los actores del sistema de justicia juvenil; los contenidos idóneos que debe tener el informe técnico para manejar un caso apartando sesgos; la edad de imputabilidad; y la determinación de guías o instructivos para la toma de decisiones con el objetivo de asegurar, por ejemplo, que se cuente con información similar para todos los casos.
Tras la presentación de los resultados, Alejandra Mera, de la UDP, resaltó la relevancia de indagar sobre los factores extralegales que operan en las decisiones judiciales y de tomar consciencia de su existencia: “lo peor que puede hacer un sistema es cerrar los ojos”, apuntó.
Por su parte el defensor nacional Andrés Mahnke, llamó la atención sobre la necesidad de la dedicación exclusiva de los actores relacionados a la justicia juvenil, poniendo el ejemplo de lo que sucede hoy con la internación provisoria: “Hoy 3 de 4 cuatro jóvenes que han estado presos durante la investigación, luego no son sancionados a una pena privativa de libertad. Eso es una distorsión del sistema (…) que se produce porque no hay especialización y porque la comunidad (…), y también policías, fiscales y jueces, todavía ven al sistema de justicia penal juvenil como un privilegio y no como una necesidad que responde a un prisma de garantía de derechos para personas que según antecedentes técnicos deben tener un sistema distinto”. Anuar Quesille, de la UNICEF, respaldó también la urgencia de la especialización en el sistema de justicia juvenil.
[1] Aún falta analizar los resultados de una encuesta que se está aplicando a jueces y fiscales.
Revisa la presentación, imágenes y audio del seminario aquí.
