2 Noviembre 2016
Al momento de evaluar el proyecto de ley de educación superior, hay una pregunta clave que debe responderse: ¿Mejora la calidad? La respuesta es categórica: tal como está, no se avanza en calidad y, muy probablemente, la situación empeore.
La institucionalidad que estableció en 2006 la Ley 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se vio fuertemente cuestionada por el lamentable caso de la Universidad del Mar, pero no se puede legislar solo en virtud de esa situación, porque implicaría desconocer los aspectos en que ha sido eficaz. Entre 2008 y 2014 el porcentaje de académicos de jornada completa con doctorado en las universidades aumentó de 25% a 30%; también lo hizo el número de publicaciones WOS (ex ISI) de 3.654 a 9.460, y se ha incrementado la matrícula total en instituciones acreditadas. En efecto, en 2005 más del 60% de la matrícula total del sistema correspondía a instituciones sin acreditación, diez años después esta cifra descendió a menos del 8%, y casi 28% de la matrícula cuenta con acreditación institucional de seis y más años. Según los datos de la OCDE, el 38% de los jóvenes chilenos (25-34 años) alcanzó la educación superior en 2010, el mismo porcentaje que la media de la OCDE.
Sin duda, es necesario introducir mejoras al sistema actual, pero se observan importantes falencias en la institucionalidad que crea el proyecto, debido al énfasis puesto en la intención de fiscalización por sospecha más que de promoción de la calidad. Entre los problemas más críticos destacan tres: pérdida de autonomía de la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA), al convertirse en un servicio público en vez de ser un órgano autónomo; en segundo lugar, se impone una mirada burocratizada centrada en lo administrativo, pues la acreditación puede quedar a cargo de funcionarios evaluadores y no de pares académicos; y no evita los problemas surgidos anteriormente, porque la autoridad decisoria es jefe de un servicio público que designa directamente a quienes participarán en cada proceso de evaluación académica y propone qué programas deben evaluarse, lo que le otorga una discrecionalidad inquietante.
Así, lo más acertado parece ser mantener la institucionalidad vigente e introducir algunas mejoras que se encuentran en el proyecto en discusión, pero evitar la derogación para partir de cero.
En las indicaciones presentadas por la UC, nos pareció necesario recoger del proyecto lo que se refiere a la designación de los integrantes de la CNA -que en la iniciativa se cambia por un Consejo para la Calidad de la Educación Superior- mediante el Sistema de ADP con aprobación del Senado y evitar que nueve de los 11 integrantes sean seleccionados por el Presidente de la República, evitando que la institución sea capturada por el gobierno de turno.
Otra mejora que debería incorporarse se refiere a los plazos de la acreditación institucional. Si bien hay consenso en que la escala de años genera cierta distorsión, la eliminación total de esta tampoco apunta al mejoramiento continuo de la calidad. Además, las tres categorías propuestas no están bien definidas y son homogéneas, por lo que convendría establecer cuatro niveles de diferenciación según calidad y mantener el criterio respecto de que, en función de la acreditación que obtienen las universidades por un cierto número de años, tengan mayor o menor libertad de acción y fiscalización.
Del proyecto en trámite se debe rescatar también la existencia de informes intermedios y visitas de seguimiento, pues permitirían un mejor y más estable acompañamiento a la institución en su proceso de mejora. Otro elemento que se debe perfeccionar en la institucionalidad actual dice relación con los procesos de evaluación, en los que se debe complementar el trabajo de la CNA con agencias acreditadoras vía licitación abierta, para garantizar la cobertura de acreditación de programas.
Eliminar la institucionalidad actual de aseguramiento de la calidad y sustituirla por otra construida sobre la base de las falencias advertidas en un caso extremo, lejos de movilizar a las instituciones de educación superior hacia la calidad, solo provocará un estancamiento.
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