26 Mayo 2012
Cada vez que el Ejecutivo anuncia un bono extraordinario surgen dudas en la opinión pública. El Presidente Lagos entregó durante su mandato tres bonos extraordinarios; la Presidenta Bachelet, seis. El Presidente Piñera ya entregó uno y acaba de anunciar otro.
Las justificaciones de los bonos en todos estos gobiernos han sido similares: alzas en la movilización y combustibles, aumento de precios en general, apoyo para enfrentar la crisis económica y encarecimiento de los alimentos.
No está en duda la legitimidad moral de cualquier gobierno en su rol subsidiario, asistencial o de protección social cuando por esta vía pretende ayudar a mantener un nivel de bienestar mínimo a familias empobrecidas por situaciones coyunturales. En este caso, tiene sentido que los gobiernos intenten morigerar los efectos de las crisis. Sin embargo, el cuestionamiento a la estrategia de bonos se relaciona con dos aspectos. En primer lugar, se mira con desconfianza la proximidad que el pago de bono puede tener con un proceso electoral. Vale la pena mencionar que los tres últimos gobiernos han pagado bonos en años de elecciones.
En segundo lugar, se cuestiona la discrecionalidad que conlleva la definición del bono en términos del monto del beneficio, el segmento de beneficiarios y la oportunidad del mismo. Por ejemplo, ¿cuánto debe subir el precio de los alimentos para justificar un bono? ¿Por qué al 40% de la población y no exclusivamente a los que están bajo la línea de pobreza? La mayoría de estas preguntas se responden en función de la disponibilidad presupuestaria. Dado que no hay criterios predefinidos para la proposición de bonos, y considerando que se han entregado con regularidad casi anual, es que éstos han pasado a ser parte de los beneficios sociales que la población “espera” por parte del Estado. Mas aún, la evidencia anecdótica nos señala que hay casos de personas que prefieren permanecer o registrarse como cargas familiares para acceder a los bonos. La oportunidad también es cuestionable cuando el Congreso ha aprobado una ley que establece “bonos y transferencias condicionadas para las familias de extrema pobreza” (Ingreso Etico Familiar), que instala una serie de condicionalidades e incentivos al esfuerzo familiar, aspectos que no son para nada considerados en el bono alimentario. Es difícil explicar a la misma familia en situación de pobreza por qué le conviene participar en un programa que le demandará esfuerzos si en paralelo continuará recibiendo transferencias a todo evento.
Una manera de abordarlo sería perfeccionar el mecanismo que establece el Ingreso Etico y contemplar un mecanismo automático de compensación por la brecha de ingresos de la familia respecto de la línea de pobreza, ambos reajustados en forma periódica. De esta forma, las compensaciones de carácter coyuntural tendrían menor carga discrecional. También es relevante concentrar estas transferencias en la población más vulnerable.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.