2 Agosto 2017
Si, como dice la creencia popular, la tercera es la vencida, entonces el proyecto de ley de Nueva Educación Pública –el tercero presentado por distintos gobiernos– podría ser el que finalmente reforme la educación escolar municipal en el país. Existe consenso en la necesidad de regularla y mejorarla, pues su deterioro ha llevado a una pérdida de matrícula que obliga a hacerse cargo del problema. Sin embargo, el proyecto de ley tiene mucho de desmunicipalización, pero muy poco de fortalecimiento de la escuela pública.
El cambio de sostenedor no generará calidad por sí solo: pese al esfuerzo gigantesco que será necesario para concretar el traspaso, serán los mismos funcionarios, cumpliendo la misma labor, en el mismo edificio, de la misma forma, sujetos al mismo régimen laboral, con las mismas restricciones y movidos por los mismos incentivos, pero bajo la administración de una entidad más centralizada, como será el Servicio Local de Educación.
En sus casi dos años de tramitación, el proyecto ha evolucionado. Con las últimas indicaciones, realizadas en la Comisión de Educación del Senado, se ha flexibilizado. La transición de 5.220 establecimientos municipales a 68 Servicios Locales de Educación que estarán bajo la administración del Estado ahora será gradual. Entre 2018 y 2021 se constituirán 11 servicios locales, monitoreados por un comité de expertos que nombrará el próximo Presidente, quien podrá reevaluar el sistema y proponer cambios para aplicar en la segunda fase.
Otra modificación que se incorpora es que no será obligatorio para todos los municipios: los que presenten desempeño bueno o medio y que incrementen la matrícula podrán postergar su ingreso al nuevo sistema. Efectivamente, existen comunas que lo hacen bien en términos de logros de aprendizaje, independiente de su tamaño. Esto significa un ahorro para el país al evitar comprar establecimientos y hacer todo el traspaso que implica el proceso.
Aun así, quedan aspectos por mejorar en la iniciativa legislativa: se debe fortalecer el rol de los directores de escuela con mayores atribuciones. Por ejemplo, podrían administrar una proporción más importante de la Subvención Escolar Preferencial –que hoy se entrega al sostenedor y que luego recibirá el Servicio Local de Educación– para programas de formación y desarrollo docente. Sin equipos directivos fuertes es prácticamente imposible lograr cambios en las prácticas docentes e impacto sobre los aprendizajes de los estudiantes. Otro ámbito en el que se debe avanzar es el traspaso de los bienes, dado que existen establecimientos que pertenecen a corporaciones municipales privadas. Al leer el proyecto se prevé un traslape de facultades con la creación de la Dirección de Educación Pública y el Servicio Local de Educación, se duplicarán funciones con la institucionalidad que ya existe, como la Agencia de Calidad y la Superintendencia. En materia de educación inicial, tampoco existe claridad sobre cómo se articularán los jardines Vía Transferencia de Fondos –que dependen formalmente de la JUNJI– con los Servicios Locales de Educación.
El foco de la Nueva Educación Pública debe ser mejorar la calidad de las escuelas, a través del fortalecimiento de las capacidades de los establecimientos. Esto no se considera plenamente, porque, hasta ahora, el proyecto sigue centrándose en el cambio de sostenedor. Es de esperar que en lo que queda de tramitación se logre apuntar a la preocupación principal: mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes.
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