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El límite de la (des)confianza

17 Marzo 2015


Los recientes casos Penta, SQM y Caval han erosionado la confianza de los chilenos en la política, las empresas y en instituciones del sector público y privado. Es imperativo recuperar y aumentar los niveles de confianza, pues es clave para el desarrollo del país. Al crear el Consejo Asesor Presidencial para la regulación del vínculo de la política y los negocios, la Presidenta Bachelet afirmó que lo que hoy está en juego es la democracia, “pues su fortaleza descansa en la confianza de los ciudadanos”.

Sin embargo, la desconfianza no es un problema nuevo. Según la Encuesta Mundial de Valores (2010-2014), Chile se ubica dentro del 30% de los países con menor confianza social del mundo y es el más desconfiado -junto con México- de los países de la OCDE. Solo el 12% de los chilenos creen que se puede confiar en la mayoría de las personas, mientras que en los países de mayor confianza -China, Suecia, Nueva Zelandia-, quienes confían superan el 50% de la población. Nuestras instituciones no tienen mejores resultados: la Encuesta Bicentenario muestra cómo entre 2006 y 2014 ha disminuido la confianza en todas ellas. Por ejemplo, apenas el 3% de los chilenos declaran tener mucha o bastante confianza en los partidos políticos y el Parlamento.

La evasión de impuestos en empresas o la alteración de los datos de la Ficha de Protección Social son conductas que no promueven la construcción de confianza y deben corregirse. Como ha planteado el politólogo Francis Fukuyama, para dar vitalidad y sostenibilidad a las economías y las democracias en el tiempo, son necesarios hábitos como la lealtad, la honestidad, la solidaridad y la confianza.

La ausencia y deterioro de la confianza es uno de los principales factores que explican los problemas de las sociedades desarrolladas en el ámbito político -minando la legitimidad de las instituciones y la participación política-, judicial -generando una sensación de impunidad e inseguridad en la población- y económico -reticencia a invertir-. Para la OCDE, la capacidad de implementar reformas con éxito depende de manera crucial de la confianza en los gobiernos y las instituciones, por eso propone que los países trabajen en cultivarla, para lograr el bienestar, la cohesión social y el desarrollo económico.

Hemos llegado al límite: si Chile no crea condiciones que fomenten la confianza entre la población, nuestro país podría ver paralizado su crecimiento, deteriorada su democracia y disminuido el bienestar de la sociedad civil. Por eso, la crisis de confianza que vivimos debiera ser motivo de preocupación pública, y uno de nuestros objetivos debiera ser incrementar los niveles de confianza entre la población.

Esta crisis representa una oportunidad: los ciudadanos hoy son más críticos y menos tolerantes a los abusos de poder y a las acciones fuera de la ley, por lo que se hace necesario establecer mecanismos de control y regulación, medidas para aumentar la transparencia, sanciones a los fraudes y la corrupción. Todo esto debiera ir acompañado de un proceso que permita reconstruir la reputación y credibilidad de los actores políticos, para que la ciudadanía pueda volver a creer y a confiar en ellos, de manera de asegurar la estabilidad de nuestras instituciones, mercados y sociedad civil.

Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas UC

Lea la columna online aquí.

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