27 Marzo 2012
Recientemente el Gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley para crear el Fondo para el Desarrollo del Norte (FONDENOR). Será un fondo destinado a promover el desarrollo de la Región de Antofagasta, financiado con un impuesto a la actividad minera.
Un fondo de similares características existe desde 1993, el FONDEMA, para beneficiar el desarrollo de la Región de Magallanes en base a un impuesto a la explotación de los hidrocarburos. Las movilizaciones en Aysén podrían llevar a la creación de un FONDEAYSEN en base a un impuesto a la industria acuícola o a la generación hidroeléctrica. En caso de transformarse en una tendencia, podrían establecerse fondos regionales de desarrollo a lo largo del país en base, en la práctica, a impuestos regionales.
Estos fondos de desarrollo se sumarían a una larga lista de incentivos y asignaciones que se han establecido, a partir de los ´70, en beneficio de las zonas extremas (las regiones de Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes, y las provincias de Chiloé, Palena e Isla de Pascua). Existen zonas francas, subsidios a la contratación de mano de obra, créditos tributarios a la inversión, fondos de fomento y otros subsidios que benefician a estos territorios.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (2005), en estas regiones existe un mayor gasto social (entre un 20% y un 48% más que el gasto social promedio por habitante a nivel nacional) y una mayor inversión pública (entre un 85% y un 478% más que el gasto en inversión promedio por habitante en el país).
¿Se justifica gastar más en estas regiones? Sin duda, existen buenas razones para ello. Argumentos geopolíticos (o “hacer patria” en el lenguaje regional), mayor costo de vida, condiciones de aislamiento, son criterios que justifican un mayor gasto. Pero también, existen otras muy buenas razones para gastar más en otras regiones del país, que sin ser zonas extremas, tienen graves problemas sociales.
Los principales índices de pobreza están en las regiones de la Araucanía, Biobío, Maule y de Los Ríos y las mayores tasas de desempleo afectan a las regiones de Valparaíso, Biobío, Araucanía y Los Ríos.
Distribuir los recursos del país en base a impuestos territoriales, establecidos como respuesta a presiones corporativas, por muy legítimas que sean, es una mala idea. Podemos terminar favoreciendo a los habitantes de las regiones con mayor actividad productiva del país y perjudicando a las regiones con menores recursos. Un impuesto regional a la minería, por bajo que sea, siempre generará mayores recursos que un impuesto a la industria acuícola o forestal, por lo que existirán regiones con fondos de desarrollo cuantiosos mientras otras regiones, con mayores necesidades, tendrían un menor acceso a recursos públicos.
El actual sistema hipercentralizado tampoco es razonable. Las decisiones de asignación de recursos se adoptan, en su gran mayoría, en el nivel central. De acuerdo a un estudio de la Universidad Católica (2011), menos del 20% de los recursos públicos son de decisión regional. Este sistema centralizado puede llevar a absurdos tales como el gigantesco subsidio público que todo el país financia en beneficio del transporte público de los santiaguinos.
En vez de parchar parcialmente las desigualdades a lo largo del país, estableciendo fondos de desarrollo o subsidios en beneficio de los territorios que tengan un mayor nivel de movilización y presión social, se requiere de una política integral que proponga un mecanismo permanente, equitativo, democrático y transparente para distribuir los recursos públicos a lo largo del territorio. El actual sistema de asignación de recursos no responde a los desafíos y complejidades actuales de nuestro país. Se necesita pensar de nuevo. Y no en base a parches territoriales, sino que mirando el conjunto de las necesidades de cada región y con la participación activa de las regiones.
Cristóbal Tello, coodinador de Puentes UC.