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Formación de profesores

13 Mayo 2012


Cualquiera sea el ordenamiento institucional y los recursos que emplee un sistema educativo, su calidad no podrá ser mejor que la de sus profesores. El impacto de los resultados de la Prueba Inicia recién conocidos revela que la institucionalidad formadora de profesores no produce los aprendizajes requeridos para llegar a ser un buen profesional en este ámbito, con lo que en forma muy directa la calidad futura del sistema escolar está comprometida de raíz.

A menos que se actúe de manera profunda y coherente sobre los factores clave del problema.

El primero a considerar es el de la selección de los que ingresan a carreras de Educación. Al respecto, la evolución de nuestro sistema en la última década y media presenta rasgos que van en dirección contraria a lo requerido: en vez de avanzar hacia una mejor selección de estudiantes de Pedagogía, el sector ha experimentado una expansión radical cuyo significado es masificación y precarización.

Desde 1970 a 2002, el conjunto de la matrícula de las carreras de Educación varió aproximadamente entre 20 y 40 mil alumnos; en los últimos diez años esta cifra salta a más de 120 mil alumnos, y el número de carreras en Pedagogía aumentó de 249 programas en el año 2000 a más de 700 en el presente.

La respuesta reciente a esta situación ha sido una ambiciosa política de becas a los mejores puntajes PSU (por sobre 600 puntos), con resultados iniciales positivos y en la que debiera perseverarse, pero que impacta sólo en una fracción de las instituciones y las carreras. Es evidente que se requiere algo de otra envergadura, que afecte al conjunto de las mismas.

El segundo factor es la calidad de la preparación que las instituciones formadoras ofrecen. Los resultados de Inicia cuestionan directamente la naturaleza de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas: el currículum, la docencia, los procesos evaluativos, las características de las prácticas, los niveles de exigencia e intensidad del trabajo, como la organización y coherencia del conjunto. En muchas instituciones es característico que la preparación disciplinaria dependa de unas facultades y la pedagógica de otra, y que ambas partes tengan débil coordinación, cuando no divergencias, acerca del qué y el cómo de la formación de profesores.

Frente a esto, la medida más generadora de consecuencias, por lejos, es la definición concordada de unos estándares nacionales de formación de profesores que establezcan con claridad y especificación suficientes qué debe saber y poder hacer todo egresado de una carrera de Educación. Tales estándares, que el Ministerio de Educación ya ha publicado para el nivel de la Educación Básica, y ha anunciado que está pronto a hacerlo para los niveles de Educación Parvularia y Media, deben ser vinculantes; es decir, tienen que ser tomados completamente en serio por las instituciones formadoras. Una forma directa y expedita de lograr esto es que en el futuro la prueba Inicia sea referida a los estándares, es decir, su propósito sea medir el logro, o no, de los mismos.

La existencia de una definición nacional compartida sobre qué sabe y debe ser capaz de hacer un profesor, plasmada en unos estándares evaluados anualmente, haría posible establecer una doble relación de “rendición de cuentas” y sus consiguientes implicancias de transparencia y presiones al desempeño para el conjunto del sistema: en primer lugar, entre instituciones formadoras y ministerio, al tener éste (y el sistema político en su conjunto, como la opinión pública) una base válida y precisa de exigencia de resultados, como de negociación de los apoyos en base a convenios de desempeño; en segundo lugar, entre los estudiantes de Pedagogía (como sus padres) y las instituciones formadoras, al poder los primeros conocer desde el comienzo de su carrera dónde tienen que llegar en términos de conocimientos y capacidades, y poder responderse, a lo largo y en cada aspecto de la misma, en qué y cómo contribuye ésta al logro de los estándares a alcanzar. Los estándares debieran ser asimismo la carta de navegación que permite a cada institución formadora actuar sistemáticamente sobre los déficits que Inicia revela.

Los dos factores abordados -selección más exigente y preparación de calidad- demandan la existencia de un marco regulatorio del sector en el que se combinen estándares, un examen obligatorio con carácter de habilitante para el ejercicio de la profesión docente (el que no pasa el mínimo no puede ejercer), y apoyos a las instituciones formadoras para transformar lo que hoy está en evidente crisis.

Un marco como éste, materia de dos iniciativas de ley en discusión en el Parlamento, impactaría, probablemente en el corto plazo, a la demanda por las carreras de educación, haciendo visible a todos que la docencia escolar es una profesión de alta exigencia y obligando a ajustarse las expectativas tanto de potenciales alumnos como de la institucionalidad formadora. Asimismo, ayudaría decisivamente a las instituciones a reformar de manera efectiva su tarea esencial, al establecer con claridad y poder regulatorio, hasta ahora inexistentes, los objetivos a lograr por las mismas, y por los que serán evaluados sus egresados.

Cristián Cox, decano de la Facultad de Educación.

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