Nueva ley para los migrantes, ¿cuándo?

25 de Noviembre, 2016 - Ignacio Irarrázaval · La Tercera

El caso de presunto tráfico de migrantes que reveló La Tercera este domingo pone en la palestra un tema al que debemos prestar la atención que merece. Se estima que son 4.000 los haitianos que ingresan cada mes a Chile, una cifra que alertó a las autoridades y que llevó a investigar su masiva llegada y la eventual participación de una aerolínea en el caso.

Esta situación particular debe preocuparnos, pero sobre todo debe mover a las autoridades a actuar en esta materia. Los hechos son claros: Chile es el país de Latinoamérica con la ley de migración más antigua de todo el continente. La Ley de Extranjería fue creada en 1975, durante el gobierno militar, bajo un régimen migratorio restrictivo, lo que no responde a la migración que vivimos actualmente. Nuestra legislación no se condice con la política que estableció Chile en el gobierno de Patricio Aylwin de ser un país de fronteras “abiertas”, es decir, que cuenta con una apertura flexible en la recepción de extranjeros.

Chile está viviendo lo que se ha llamado la “tercera ola de migrantes”: es la más importante en términos cuantitativos en la historia del país –según las últimas cifras disponibles habría 477.450 extranjeros–, y son mayoritariamente personas que provienen de países vecinos como Perú, Argentina y Colombia.

Este aumento en el flujo de migrantes se podría explicar por las condiciones económicas, sociales y de estabilidad que caracterizan a Chile y que lo han convertido en un país atractivo para los extranjeros. Lamentablemente, no se cuenta con una política pública y un marco regulatorio adecuado para recibir a esta población.

El Estado debe reconocer el urgente desafío de política pública, hacerse cargo y actualizar la institucionalidad para que realmente pueda responder a las necesidades de los migrantes hoy. Nuestro país necesita una nueva ley migratoria, algo que prometió Bachelet en su primer gobierno, que Sebastián Piñera intentó abordar ingresando un proyecto de ley en 2013 que quedó en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y que el actual gobierno ha prometido y postergado, pues aún no se envía al Congreso el proyecto de ley de migraciones. Así, salvo modificaciones de tipo administrativo como que el Registro Civil reconozca a todos los nacidos en el territorio como chilenos o la visa temporaria por motivos laborales, hasta la fecha poco se ha avanzado.

El eventual caso de tráfico de personas que se investiga es un problema sumamente grave que podría comenzar a ser más común en Chile, al ser conocido como un país atractivo para los migrantes en la región. En 2011 se avanzó al establecer la Ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y que establece normas para su prevención y persecución criminal. Ahí se establece que quien “con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente” será sancionado “con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”.

En junio, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas, situó a Chile junto a otras 34 naciones en el “Nivel 1” como un país que reconoce “la existencia de la trata de personas, ha hecho esfuerzos para abordar el problema y cumple con las normas mínimas”. En el texto se destaca la Ley 20.507 y los esfuerzos en la materia. A la luz del caso que se investiga se deberá observar si esta legislación es capaz de inhibir a los agentes del tráfico en este nuevo escenario.

Sin embargo, lo primero que debe hacer Chile, sin duda, es contar con una política migratoria con objetivos y estrategias claras para recibir a los migrantes –ya sean los más vulnerables o los más altamente calificados– e insertarlos en el país social, económica y culturalmente.

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