31 Agosto 2015
Aún no conocemos el proyecto de ley para crear la región de Ñuble que firmó recientemente la Presidenta Bachelet, pero las dudas surgen de inmediato. Si a lo que debemos apuntar como país es a lograr la descentralización, una nueva región no pareciera ser la forma correcta de alcanzar este objetivo. La descentralización es una demanda por mayor eficiencia y equidad a lo largo de nuestro territorio. ¿Contribuyó la creación de las regiones de Arica–Parinacota y Los Ríos a avanzar en esta materia?
Primero deberíamos revisar la evidencia. Lamentablemente no hay estudios disponibles que evalúen el desempeño de las nuevas regiones en sus años de existencia. Se podría esperar que estas regiones logren mayor eficiencia en captar recursos públicos para inversión. Sin embargo, la evidencia nos muestra que las regiones de Los Ríos y Arica–Parinacota no han logrado mejores niveles de ejecución presupuestaria en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Otra ventaja de la descentralización es que contribuiría a un mayor involucramiento de la comunidad al transferir responsabilidades de las funciones públicas desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales y que exista más adecuación a las demandas locales. Sin embargo no se ha producido un traspaso de competencias a las regiones. La región no puede decidir si quiere fortalecer un servicio como Sernapesca o Sernatur según su realidad. Si los GORE tuvieran la facultad de solicitar este traspaso de competencias, sin depender exclusivamente de la iniciativa del Presidente de la República como ocurre actualmente, podríamos tener regiones más ad-hoc con la realidad del territorio. En el Congreso se ha rechazado este mecanismo, pero si no avanzamos en este sentido nuestro país seguirá siendo tan centralizado como hasta ahora.
La opinión pública también es crítica respecto a la independencia de su región: si revisamos el Barómetro Regional 2009 encontramos que la mayoría de los ciudadanos de Arica–Parinacota creen que su región tiene poca (66,2%) o ninguna libertad (14,9%) para decidir sobre las políticas que se implementan; mientras que en Los Ríos las cifras son algo mejores: 59,5% y 10,3%, respectivamente.
También se debe considerar que una nueva región implica costos para el gobierno central y no para la nueva región: en el caso de Ñuble se crearán tres provincias, gobierno regional, intendencia, gobernaciones y la dotación de servicios públicos. En promedio calculo que se crearán entre 1.700 y 2.000 nuevos cargos. ¿Habrá un aumento del FNDR –de donde proviene fuertemente el presupuesto de las regiones– o lo que antes se dividía entre 15 regiones ahora deberá repartirse entre 16?
En el caso específico de Ñuble tampoco parece haber factibilidad técnica.En 2003 un estudio del Instituto de Geografía UC, que creó el Indice de Coherencia Regional para medir la factibilidad de un territorio para convertirse en región arrojó que la provincia de Ñuble no alcanzó la viabilidad técnica para esto. Usando el mismo indicador, en 2014 la Universidad de Concepción elaboró un estudio que concluye que “la región de Ñuble propuesta estaría débilmente posicionada al compararla con otros territorios de la macrozona”.
Continuar con esta política de crear más regiones sólo logrará atomizar aún más la división político-administrativa de nuestro país, pero esta fragmentación –con altos costos de partida– no llevará necesariamente a la descentralización que buscan las regiones para resolver los problemas que los aquejan actualmente.
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