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Reforma a la educación superior: problemas de improvisación

13 Agosto 2015


El documento “Bases para una reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”, presentado por el Mineduc a mediados de julio, ha sido criticado por ser poco claro, sin sustento y hasta contradictorio. La debilidad de los planteamientos se ha visto profundizada en estas semanas debido a cambios en aspectos sustanciales. A las críticas respecto de la mirada poco comprensiva y muy parcial de los componentes del sistema, el ir contracorriente a las tendencias mundiales actuales y poner en riesgo un pilar fundamental como es la autonomía, es necesario relevar otro aspecto preocupante: la improvisación en su aplicación.

Así  como Transantiago se ha constituido en ejemplo de una mala implementación de política pública, cuyos costos aún son una carga enorme para el Estado, y que pese a sucesivas modificaciones no consigue alcanzar un nivel de operación siquiera adecuado, los cambios en educación pueden tener consecuencias sociales aún peores. Por eso llama la atención que se plantee una reforma al “sistema” de educación superior sin considerar que los instrumentos que debiesen apoyar su implementación se encuentran recién en proceso de elaboración o simplemente no existen.

Al parecer no se ha aprendido de la experiencia. Revisemos tres problemas de implementación que plantea esta reforma. Primero, el documento propone como elemento regulador un Marco Nacional de Cualificaciones al cual las instituciones deberán someterse a riesgo de perder su reconocimiento oficial. Sin perjuicio de que pueda contribuir a ordenar los subsistemas de la educación superior, para implementarlo se requieren cualificaciones que deben definirse según aprendizajes esperados y actualizarse según las necesidades del país. En la experiencia internacional, sólo el proceso de implementación puede durar hasta cinco años y debe ser articulado desde un comienzo con empleadores, trabajadores, estudiantes e instituciones, pues el mayor fracaso se produce por la falta de diálogo y su intento de imposición unilateral. Aunque hasta la fecha nada de esto se ha desarrollado, ahora se pretende implementar como instrumento de regulación de esta reforma.

Otro punto a considerar es la identificación de los alumnos sujetos de beneficio con la gratuidad, pues se utilizará la nueva Clasificación Socioeconómica que diseñará el Ministerio de Desarrollo Social. El pasado 21 de mayo, la Presidenta anunció que recién a partir del primer semestre de 2016 dejará de usarse gradualmente la Ficha de Protección Social. Por lo tanto, el mecanismo que permita la elegibilidad socioeconómica de los estudiantes tampoco está operativo.

Finalmente, se postula una nueva aproximación al aseguramiento de la calidad y una nueva institucionalidad. Si bien hay aspectos de esta propuesta que cobran sentido, cabe recordar que la tramitación de la ley que rige el sistema actual demoró tres años en su discusión y en nueve años de vigencia su implementación no ha estado exenta de dificultades. Tampoco se ve que este componente sea salvable en el corto plazo.

En suma, si al menos tres de los instrumentos que se proponen en las bases para la reforma no estarán disponibles para el próximo año, ¿qué se está proponiendo para reformar la educación superior en 2016? En la práctica se plantea un andamiaje de condicionalidades que se impondrían por vía administrativa a las instituciones que acepten estos requerimientos, pero que parecen imposiciones parciales para cumplir una promesa de gratuidad más que una mirada comprensiva y a futuro de nuestro sistema de educación superior.

Puedes leer y comentar la columna directamente en Voces de La Tercera.

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