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Santiago manda

18 Julio 2012


En Punta Arenas exigían un subsidio al gas domiciliario. En Calama, reclaman una mayor inversión pública en la ciudad. En Aysén, presionan por subsidios e incentivos económicos. En Freirina y Pelequén, la molestia ciudadana es por el mal olor que producen proyectos privados. En todos estos casos, un problema local o regional ha terminado transformándose en un problema nacional que, finalmente, debe ser resuelto por el gobierno central.

¿Por qué este tipo de problemas no se abordan y solucionan a nivel regional? La respuesta es sencilla: en buen chileno “el queque se corta” en Santiago. Los gobiernos regionales y locales no tienen la autonomía, atribuciones ni los recursos para solucionarlos. Por ello, la ciudadanía concluye que la forma más efectiva de lograr una solución es dirigiéndose directamente al gobierno central.

El gobierno regional históricamente ha carecido de poder. El diseño de las políticas públicas se hace mayoritariamente en el nivel central, correspondiéndole al nivel regional y comunal implementarlas de acuerdo a estrictos marcos regulatorios fijados desde la capital. Similar situación ocurre con la asignación de los recursos públicos. Un estudio de la UC (2011) constató que sólo un tercio del gasto en inversión, programas y servicios públicos es decidido en las regiones. El otro 70% se decide en Santiago.

Desde mediados de los noventa se ha discutido la necesidad de fortalecer la institucionalidad regional. En 2001, una ambiciosa propuesta del Gobierno del Presidente Lagos, “El Chile Descentralizado que queremos”, anunciaba la elección directa del Presidente y consejeros regionales, un amplio traspaso de competencias, programas y fondos de impacto regional, un nuevo modelo de gobierno de las áreas metropolitanas y un patrimonio y presupuesto propios para el gobierno regional.

En 2009, al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet, una nueva propuesta, “Políticas para la Descentralización”, recogía las mismas iniciativas.

En 2010, el Presidente Piñera anunció una revolución descentralizadora basada en: más recursos para regiones, elección directa de los consejeros regionales, y traspaso de nuevas competencias a los gobiernos regionales. De éstas, la primera se ha concretado ya que los recursos inversión de los gobiernos regionales han aumentado en un 25% en el último año. Los otros dos proyectos de ley ingresaron al parlamento, pero su avance ha sido mínimo.

En una década las mismas propuestas siguen siendo discutidas sin mayor concreción. En el ámbito de la descentralización, los avances ni siquiera constituyen un gatopardismo, en el que todo cambia sin que nada cambie realmente. En este caso, ni cambios ha habido.
Es por ello que los dos proyectos de ley en trámite, de elección directa de los consejeros regionales y traspaso de competencia, deben ser primera prioridad en la agenda pública. La primera permitirá dotar de legitimidad al gobierno regional y la segunda le conferirá atribuciones reales para resolver a nivel regional los principales problemas de sus territorios.

Sin embargo, resulta riesgoso para muchos parlamentarios la elección de autoridades regionales con amplio respaldo ciudadano, los que pueden constituirse en potenciales competidores. En el caso del traspaso de competencia, el proyecto en discusión no traspasa directamente nuevas funciones ni atribuciones, sino que establece diversas modalidades de traspaso tales como convenios entre el Gobierno Regional y un ministerio, administración regional de programas.

Si bien la aprobación de estos dos proyectos no permite materializar por sí solos una revolución descentralizadora, sí constituirían un avance significativo y una base sólida sobre la cual profundizar un proceso descentralizador. Gobiernos regionales con mayor legitimidad y con posibilidades de asumir nuevas competencias podrán, en el futuro, hacerse cargo de la administración de mayor proporción de recursos públicos y de tener mayor injerencia en la definición de las políticas públicas de impacto regional.

Ignacio Irarrázaval y Cristóbal Tello, Centro de Políticas Públicas UC.

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