19 Agosto 2014
La institucionalidad indígena no estará completa si el Estado no avanza en articular la colaboración entre empresas y las comunidades indígenas.
Como parte de su agenda indígena, el gobierno busca dar mayor participación política a los pueblos indígenas y crear una nueva institucionalidad, que comprende un Ministerio de Asuntos Indígenas, una cartera de Cultura y Patrimonio y un Consejo de Pueblos Indígenas. Pero esta institucionalidad no estará completa si el Estado no avanza en políticas que articulen la colaboración mutua entre las comunidades indígenas y las empresas.
La relación entre las comunidades y las empresas en Chile ha estado marcada por una lógica de enfrentamiento, la que en los últimos años ha llevado a una excesiva judicialización de los proyectos de inversión, especialmente de la industria minera y eléctrica. Estos conflictos judiciales, que tardan cerca de dos años en resolverse, generan inconvenientes para ambas partes y para el desarrollo del país. En una charla, organizada por el Centro de Políticas Públicas UC, el experto australiano Daniel Franks expuso sobre los costos para la industria, al no considerar el impacto social: un proyecto minero de clase mundial que deba paralizarse podría perder hasta 20 millones de dólares a la semana.
Por eso, el desafío para el Estado es lograr que tanto las comunidades como las empresas puedan relacionarse a través de una lógica de cooperación que genere un beneficio mutuo. Para esto se necesita un diálogo fluido, un manejo adecuado de los impactos en el entorno y una distribución más equitativa tanto de los costos como de los beneficios que generan los proyectos de inversión. Sin una política clara que establezca qué procesos deben seguir tanto las comunidades como las empresas, esta cooperación mutua no parece ser viable.
Países como Australia y Canadá, donde las comunidades y las empresas han logrado avanzar de forma conjunta, han establecido un marco institucional de relaciones a través de los llamados acuerdos de impacto y beneficio. Más allá de la buena voluntad de las partes, la regulación de la actividad empresarial permite empoderar a la comunidad y fomentar que las compañías adquieran compromisos con el entorno, beneficiando así a todo el país.
Establecer una política de este tipo en Chile sería conveniente para todas las comunidades, pero es especialmente relevante para las comunidades indígenas, debido al Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultarles sobre proyectos que las afecten. Al institucionalizar los procesos y mantener un diálogo constante entre las comunidades y las compañías se podrán desarrollar relaciones de largo plazo. Por ejemplo, que las empresas incorporen la participación de las comunidades indígenas en la elaboración del estudio de impacto ambiental de un determinado proyecto -como ha sucedido en la Región de Atacama-, debería ser la norma y no una excepción en la vinculación entre las industrias y las comunidades a las que afectarán.
Ignacio Irarrázaval , director del Centro de Políticas Públicas UC.
Puedes leer la columna aquí.