25 Julio 2016
Desde 2006, cuando se aprobó la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se ha avanzado de manera importante en esta materia: 90% de la matrícula de educación superior estudia en instituciones acreditadas y 66% de la matrícula está en programas acreditados, según los datos 2015 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Si bien hay un espacio significativo para mejorar la actual institucionalidad, el proyecto de ley de reforma a la educación superior no avanza en el sentido correcto en este ámbito.
Aunque es positivo que se establezca la obligatoriedad de la acreditación, la nueva institucionalidad propuesta sustituye a la actual CNA por el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, un servicio público descentralizado para administrar y resolver los procesos de acreditación institucional y de carreras y programas de pre y postgrado. A partir de lo que establece el proyecto de ley, el Sistema de Aseguramiento de laCalidad de la Educación Superior se transforma en un sistema de control que usa mecanismos propios de una superintendencia, actuando en la práctica más como una “inspectoría” de calidad que como un real promotor de esta.
Revisemos tres problemas críticos que enfrentará este Consejo. Primero, sufrirá una pérdida de autonomía al ser un servicio público –que dependerá de la Subsecretaría de Educación Superior– el que administra el proceso de acreditación y no un organismo autónomo como la actual CNA, cuyo órgano directivo superior está integrado principalmente por académicos. Este mero cambio en la gobernanza lo deja fuera de los criterios de buenas prácticas de los organismos internacionales en estas materias.
En segundo lugar, el Consejo no moviliza a todas las instituciones del sistema hacia la calidad, porque tiene una mirada burocratizada centrada en lo administrativo –la acreditación puede quedar a cargo de funcionarios evaluadores y no de pares académicos– e incompleta al omitir aspectos operativos como el licenciamiento de las instituciones y la acreditación de los programas de magíster. Además, es una mirada rígida que pone el foco en establecer mecanismos de control y no de promoción y aseguramiento de la calidad, se centra fuertemente en las penas, suprime las apelaciones, y aunque propone los criterios y estándares al Ministerio de Educación, no tiene la atribución de sancionarlos.
Por último, el proyecto no evita los problemas que ya existieron, como fue el fraude en el caso de la Universidad del Mar. El presidente del nuevo Consejo –que no tiene como requisito ser académico– tiene poderes excesivos, es el jefe de un servicio público que goza de autoridad para designar directamente a las personas que participarán en cada proceso de evaluación académica y para proponer qué programas deben ser evaluados en la acreditación. Este rango de discrecionalidad no existe en la institucionalidad actual y puede volverse peligroso.
Pese a los aspectos positivos del proyecto de ley, como el vincular los niveles de acreditación de las instituciones con mayores o menores rangos de flexibilidad en la gestión de la institución, existen aspectos preocupantes como los planteados y quedan cuestiones más básicas que no están resueltas, como qué se define por calidad. Sabemos lo que queremos evitar, pero al parecer aún no existe claridad sobre cómo lograrlo con la nueva institucionalidad, pues establecer mecanismos de control no es suficiente para mejorar la calidad de nuestro sistema de educación superior actual.
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