30 Julio 2015
En un encuentro organizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados y el Centro de Políticas Públicas UC se analizaron los problemas que tiene esta norma vigente desde 2005 a partir de una perspectiva jurídica, social y psicológica.
Durante dos horas cinco académicos analizaron los principales problemas de la Ley 20.084 que estableció un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Esta norma, publicada en diciembre de 2005 y que se modificó por última vez en 2011, está siendo revisada actualmente por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados para discernir si es la ley la que podría estar fallando o si los problemas detectados se deben a otras dificultades como falta de recursos, circunstancias sociales, aspectos de reinserción o de coordinación intersectorial.
Como parte de la evaluación se realizó un foro ciudadano a principios de julio y, por primera vez, se buscó complementarlo con una mirada experta en un coloquio académico organizado en conjunto por el Departamento de Evaluación de la Ley y el Centro de Políticas Públicas UC. Los académicos invitados a exponer su análisis sobre la ley fueron María Elena Santibáñez, profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Carolina Muñoz, directora de la Escuela de Trabajo Social UC; Claudia Reyes, académica de la misma unidad; Miguel Cillero, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; y Marcela Aedo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Desde que comenzó la Reforma Procesal Penal se han registrado 379.753 casos de responsabilidad penal juvenil –entre junio de 2007 y diciembre de 2014–, y cuando se evaluaron las leyes de violencia Intrafamiliar y de Drogas, los implementadores e instituciones entrevistadas manifestaron gran interés en que se estudiara la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
El coloquio comenzó con las palabras del presidente del Comité de Diputados para la Evaluación de la Ley/OCDE, Pablo Lorenzini, quien explicó la labor del Departamento de Evaluación de la Ley: “Tomamos las leyes que están en el debate público y las analizamos con la ciudadanía, con las instituciones responsables de su aplicación y con otras organizaciones, para luego poder generar un proyecto de ley si fuera necesario corregir”.
Por su parte, el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, comentó que en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC 2011 un equipo desarrolló un enfoque de gestión para mejorar la eficacia legislativa. “Sabiendo la relevancia que tiene el tema, la evaluación legislativa es de vital importancia, porque de alguna manera la legitimidad de la democracia está ahí”. Además, relevó que este espacio de evaluación es un gran aporte para el país.
La discusión académica
Los académicos que participaron en el coloquio han investigado ampliamente desde sus respectivas disciplinas sobre la ley de Responsabilidad Penal adolescente, y expusieron centrándose en tres aspectos: las sanciones que contempla, la oferta programática para la intervención de los jóvenes infractores y la especialización del sistema.
María Elena Santibáñez, profesora de los departamentos de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho UC, quien publicó a través del Centro de Políticas Públicas UC la investigación “Análisis crítico de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, realizó la primera intervención. Manifestó su preocupación por el bajo número de jueces especializados en esta materia y destacó que siempre debe existir una separación de adultos y adolescentes, aunque Chile está “en deuda, porque en régimen cerrado y semi-cerrado tenemos a adolescentes y adultos juntos”.
Respecto a las penas, explicó que deben revisarse pues “algunas han demostrado ser completamente inútiles y deberían desaparecer”, entre estas mencionó la amonestación, la de reparación y multa. Además, comentó que en los programas de Sename “hay un incentivo perverso”, porque se aboga por la rápida salida de los sujetos para mejorar las estadísticas y liberar cupos.
La directora de la Escuela de Trabajo Social, Carolina Muñoz, señaló que hay “una incomprensión de lo que es una justicia especializada para jóvenes” y que “va ganando la mirada de la sanción frente a la reintegración”. También planteó como dificultades para esta ley que “cuenta con un financiamiento muy débil que redunda en falta de infraestructura”, que tiene estructuras altamente centralizadas, genera niveles de profesionalización muy bajos y una toma de decisiones muy lenta, por lo que se debe pensar en “cómo reformular la formulación original de la ley para mejorar su implementación”.
Por su parte, la profesora de Trabajo Social UC, Claudia Reyes, delineó el perfil del joven que delinque, mencionó que ha sufrido maltrato infantil, tiene cuatro años de rezago escolar y se encuentra en un ambiente sin supervisión adulta. “La cárcel no es un sistema que responde a rehabilitación social adolescente. Debe haber intervenciones distintas de acuerdo a cada individuo y el delito que ha cometido”, explicó. Se refirió también a la experiencia internacional: algunos países “han creado cortes juveniles especializadas en el área y cuentan con dispositivos psicosociales”; y los países desarrollados cuentan con sistemas de prevención con gran inversión.
El profesor y consultor internacional en justicia penal juvenil, Miguel Cillero, también planteó que el problema de la especialización es clave y que “el Ministerio Público tiene que desarrollar estrategias propias”. Además, se refirió al sistema semi-cerrado: “No podemos renunciar al sistema semicerrado porque es parte importante de la ley, pero no es un centro penitenciario”, explicó y añadió que aunque se intentó convertirlo en reclusión nocturna, “son centros distintos en el papel”.
Luego Marcela Aedo, profesora de la Universidad de Valparaíso, relevó la problemática que enfrentan las adolescentes, a quienes llamó “las pocas olvidadas”, porque “la ley no tiene un tratamiento específico para ellas”. La académica explicó que “el sistema penal juvenil se centra en público masculino”, quienes tienen problemas distintos a las mujeres y relevó que el número de casos de adolescentes mujeres infractoras ha ido en aumento.
En cerca de tres meses se publicará el informe que reunirá las modificaciones que sería necesario introducir a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el que se pone a disposición de los diputados para contribuir a la discusión legislativa y que, por primera vez, contará con un anexo académico a partir de lo discutido en este coloquio.
