Académicos UC entregan recomendaciones para mejorar prácticas de jueces y fiscales en casos de delitos sexuales a NNA

13 de enero, 2020

Fortalecer su especialización técnica e impulsar un sistema que contemple mecanismos de protección a la niñez son parte de las conclusiones del estudio, desarrollado por integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Católica en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC 2019. |

En Chile, 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años y, por la naturaleza de estos casos, su conocimiento puede tomar años o décadas, dificultando su persecución penal. Es más, de acuerdo a cifras del Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), solo un 21% de las denuncias de delitos sexuales en NNA son formalizados y, de ellas, 7 de cada 10 de todas formas no tendrá una salida judicial.

Con el objetivo de conocer cuáles son los criterios y prácticas que existen tras el sistema penal que revisa y lleva adelante judicialmente estos casos, y generar recomendaciones en políticas públicas que permitan fortalecer la protección de la niñez frente a estos abusos, académicos de las facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Católica presentaron el estudio “Las víctimas NNA de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal”, desarrollado en el marco de la decimocuarta versión del Concurso de Políticas Públicas UC. Los resultados del estudio fueron dados a conocer en el seminario del mismo nombre, que se realizó el pasado viernes 10 de enero en el Centro de Extensión UC.

A través del análisis de datos del Ministerio Público sobre casos de delitos sexuales a menores de edad entre los años 2007 y el 2018, junto a entrevistas a fiscales, abogados querellantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil ligados a esta temática –actores clave del sistema judicial que persigue penalmente estos casos– los académicos Pablo Carvacho, Javier Velásquez y Catalina Ortúzar, del Instituto de Sociología y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, junto a María Elena Santibáñez, de la Facultad de Derecho UC, presentaron una serie de conclusiones y recomendaciones que buscan mejorar el proceso penal por el que circulan las víctimas NNA de delitos sexuales en Chile.
Resultados y recomendaciones del estudio.

De acuerdo a los datos analizados, durante 2018 se registraron las cifras más altas de denuncia de delitos sexuales a menores del periodo analizado, con más de 29.600 denuncias. Del total de casos formalizados (21%), más de la mitad obtuvo una salida no judicial (66%) donde el tipo de salida más frecuente fue el archivo provisional (83%).

Respecto a los criterios y racionalidades que operan tras estas decisiones, el estudio plantea en relación a los fiscales existen criterios legales, pero también extralegales, al momento de abordar estos casos. En estos últimos se encuentran factores asociados a la credibilidad del relato de la víctima o la jurisprudencia del Tribunal. “El problema de la pericia de la credibilidad del relato es que se exige esta prueba con un sistema que se encuentra sobrepasado, cuyos trámites alargan el proceso y eso tiene un impacto revictimizante”, explicó Catalina Ortúzar, una de las autoras del estudio. Mientras que, en el caso de los jueces, uno de los nudos críticos identificados es “la falta de especialización, que incide enormemente en cómo terminan los juicos, por lo tanto, hay arbitrariedad”, detalló Pablo Carvacho en la presentación.

¿Qué dijeron los panelistas?

Tras la presentación, el estudio fue comentado por un panel de expertos conformado por Juan Pablo Hermosilla, director de la Fundación para la Confianza; Karin Hein, coordinadora legal de la Fundación Amparo y Justicia; Gonzalo Berríos, subdirector Escuela de postgrado de la Facultad de Derecho Universidad de Chile y Roberto Rodríguez, asesor de la Unidad especializada en derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales de la Fiscalía Nacional.

El primero en entregar sus comentarios fue Roberto Rodríguez, quien destacó como una de las mayores contribuciones de este estudio la presentación de los factores legales y extralegales que están en juego al momento que los fiscales trabajan en el destino de los casos. Añadió además que “transformar el testimonio de la víctima en verdad jurídica no es fácil para la Fiscalía. Tenemos fiscales más especializados y otros no tanto. Pero él es el responsable de la decisión de continuar o no, de investigar, perseguir y de proteger”.

Por su parte, Karin Hein indicó que el estudio identifica adecuadamente los nudos críticos y que su publicación tiene el gran valor de reflejar las debilidades del actual del sistema penal de víctimas de delitos sexuales menores de edad hacia la opinión pública, poniendo desafíos al trabajo que diversos actores pueden realizar para mejorar las prácticas desde adentro. “Este estudio hace un llamado a mirar a los niños víctimas de delitos, a conocerlos, a entender que tenemos la obligación de entender el fenómeno, para darles a ellos un espacio seguro e informado sobre cómo van a ser sujetos de derecho en este proceso”, indicó.

Mientras que Juan Pablo Hermosilla se refirió a lo doloroso que son estos resultados para los abogados que litigan en estos casos, destacando la necesidad de fortalecer la profesionalización de fiscales y jueces que llevan adelante litigios sobre denuncias de delitos sexuales a menores: “Tenemos una Convención Internacional de Derechos del Niño que no aplicamos, la mayor parte de los jueces y fiscales no la han leído… los que trabajamos en esto sabemos que las víctimas de delito sexual quedan devastadas: problemas de autoestima, incidencia sobre suicidio. En este escenario catastrófico los niños son los más desprotegidos”.

Por último, Gonzalo Berrios también abordó la necesidad de especialización de los actores involucrados en este tipo de casos desde su perspectiva como abogado experto en el trabajo con infancia vulnerada, destacando que “el sistema tiene problemas probatorios por la ausencia de especialidad. No es lo mismo que en el juicio esté involucrado un menor, esto debiese ser un criterio y por allí van los desafíos a futuro”.

Seminario Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal

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