27 Noviembre 2018
¿Cómo se puede prevenir la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA)? Es lo que decidió estudiar un grupo de académicos UC, centrando su atención en las Oficinas de Protección de Derechos, más conocidas como OPD, que son instancias de atención ambulatoria de carácter local. Los resultados los expusieron en el Seminario Infancia: propuestas para el nuevo sistema de protección local, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC.
“El gigantesco problema con que nos hemos enfrentado es que Chile no tenía una política de prevención de infancia estatal y no gubernamental”, señaló Carmen Domínguez, académica de la Facultad de Derecho UC. “Confrontamos las OPD con el Programa Chile Crece Contigo, que no tiene vinculación con el área judicial, y respecto de los CESFAM, que están focalizados en el área de salud, y la OPD se alzaba como un espacio con más potencial a aprovechar”, explicó.
Junto a los académicos Carolina Muñoz de la Escuela de Trabajo Social UC, José Tomás Alvarado de la Facultad de Filosofía UC y Malva Villalón de la Facultad de Educación UC desarrolló el estudio “Reformulación del sistema local de protección de la infancia en el espacio comunal: prevención de la vulneración de derechos”, en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC 2018.
Los principales hallazgos
Los académicos se enfocaron en las OPD porque es parte de sus funciones prevenir y promocionar los derechos de los NNA y articulan redes sectoriales. “Había un progreso y una experiencia que se puede aprovechar, en vez de partir de foja cero”, destacó Domínguez. “El problema es que las acciones preventivas no están coordinadas y no terminan siendo lo eficiente, lo útil que requerirían. Surge de manera urgente la necesidad de coordinarlas”, señaló.
A través de entrevistas y encuestas a distintas OPD a lo largo de Chile conocieron su opinión e hicieron una revisión presupuestaria y de la normativa con el objetivo de “proponer un reforzamiento de las acciones preventivas de vulneración de derechos de los niños en el territorio, a través de una reformulación de las oficinas de protección de derechos como instancias de intervención local-comunal”.
La directora del Centro UC de la Familia relevó que “la Ley Orgánica de Municipalidades no pone como tarea del alcalde el desarrollo de políticas de infancia” y que por niño en las OPD se invierte de $1.314 a $1.900 mensuales. “Estamos hablando de una inversión muy baja”, añadió.
En el último año encontraron que 70.334 niños fueron atendidos por las 233 OPD que cubren 270 comunas de las 346 que existen en Chile.
Entre las propuestas de los académicos está el que la OPD se transforme en una “Oficina de Protección de la Familia y de la Infancia”, para reforzar la idea de la acción preventiva y abierta para todas las familias. “Estaría dirigida por un equipo ejecutivo y tendría una División de Evaluación y Derivación y luego dos áreas: la División de Protección y Gestoría de Casos, y la División de Resolución Alternativa de Conflictos y Conferencias Familiares”, detalló Domínguez.
Además, proponen aumentar a $2.743 pesos mensual por niño, monto que se justificaría en un aumento de personal, prestaciones y remuneraciones.
La opinión de los expertos
Luego de la presentación se realizó un panel de comentarios en el que participaron Blanquita Honorato, Jefa de la División de Promoción y Prevención de la Subsecretaría de la Niñez; Maritza Dinamarca, coordinadora de la OPD Maipú; y Paula Valenzuela, Oficial de Política Pública de UNICEF.
“La OPD tiene que migrar a ser un dispositivo de protección local que pueda atender casos de mayor complejidad”, aseguró Honorato en su intervención y planteó el desafío de generar “un sistema integrado que permita facilitar el trabajo de quienes están en el territorio”.
La representante de Unicef también planteó retos que se deberán abordar: “Desde el nivel local hay muchos actores trabajando en lo mismo y territorios muy disímiles, entonces cómo nos aseguramos que haya ciertos roles y cómo me articulo con el otro y que ningún actor clave quede ausente”.
En tanto, Maritza Dinamarca entregó su visión desde la experiencia de Maipú: “En términos prácticos para las Oficinas de Protección de Derechos todas estas modificaciones que se busca llevar a cabo genera un sinfín de preguntas para las que no tenemos las respuestas todavía […], ¿cómo evitamos la duplicidad de casos?, ¿cómo cubrimos el territorio de gran envergadura que genera complejidad?”
Esta actividad se desarrolló en el marco del ciclo de seminarios del Concurso de Políticas Públicas UC 2018. Revisa la presentación, fotografías y el audio aquí.
