13 Noviembre 2019
El Centro de Políticas Públicas UC fue citado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para ser parte de la discusión sobre el proyecto ingresado por el Gobierno para extender y modernizar la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Esta iniciativa busca, entre otros, aumentar la cobertura de alumnos prioritarios beneficiados, flexibilizar el uso de los recursos SEP y darle un enfoque centrado en lo pedagógico y estratégico a los Planes de Mejoramiento Educativo (PME).
Nicolás Muñoz, Subdirector de Investigación Aplicada del Centro, fue el encargado de analizar este proyecto a la luz del estudio “Subvención escolar preferencial: gestión y uso de recursos a 10 años de su implementación”. En su exposición, Muñoz recalcó que la SEP es uno de los principales programas gubernamentales en apuntar a la disminución de la desigualdad en la educación escolar, ya que se trata de recursos adicionales para alumnos de contextos socioeconómicos más vulnerables. Respecto al proyecto de ley, señaló que la iniciativa va en la dirección correcta, pero que, sin embargo, se debe poner especial énfasis en ciertos puntos, para de este modo seguir mejorando la implementación de esta política.
Por un lado, se destacó la universalidad de la SEP que propone el proyecto de ley, con esto todos los establecimientos del país podrán recibir estos recursos adicionales. En el año 2017, 857 colegios no firmaron el convenio para recibir esta subvención, es decir, el 9,6% de los establecimientos elegibles, lo que representó 96.561 alumnos prioritarios.
Por otro, se valoró la mantención de los PME, ya que se ha demostrado que éste es un instrumento que contribuye al ordenamiento y mejoramiento de la educación escolar. Sin embargo, se sugirió establecer orientaciones a mediano y largo plazo, que vayan más allá de las interpretaciones del gobierno de turno, y mantener las dimensiones que el PME ha tenido hasta ahora, ya que estos atraviesan todo el quehacer de las escuelas (gestión pedagógica, liderazgo educativo, convivencia escolar y gestión de recursos) y están en línea con los estándares indicativos de desempeño que mide la Agencia de la Calidad. También se destacó la intensión de dar un tratamiento diferenciado a los colegios con rendimiento escolar insuficiente, los que tendrán que adoptar las recomendaciones de la Agencia de aseguramiento de la calidad, en la elaboración e implementación de sus PME.
Finalmente, durante la sesión se analizó la mayor flexibilización en el uso de los recursos SEP, que se busca entregar a los colegios a través de este proyecto. Nicolás Muñoz explicó que los años que más gasto se hizo, fueron aquellos en que se permitió mayor flexibilidad, por ejemplo, en 2011, luego del terremoto. “Si bien la flexibilización no va a resolver todo el problema de la sub-ejecución, sí va a ser un aporte para que el nivel de gasto aumente. Sin embargo, también hay que hacerse cargo de los saldos históricos acumulados y establecer las reglas a futuro para evitar la excesiva acumulación de dichos saldos”. De acuerdo al estudio, 435 mil millones de pesos no han sido utilizados entre 2008 y 2017, los que, en su mayoría se han ido acumulando en las cuentas de los colegios, sin embargo, el 45% de estos saldos no han sido acreditados por los sostenedores. Por eso, desde el Centro se propone incluir una indicación que permita ordenar esta situación.
Durante la sesión también participó el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, quien hizo especial énfasis en la necesidad de que los recursos SEP lleguen efectivamente a las escuelas: “existe la posibilidad de que estos recursos queden solo en manos del sostenedor, por lo que es importante que una parte de esta subvención llegue directamente a la asignación de los directores de los colegios”.
El proyecto, que ingresó en octubre al Congreso, continúa su discusión en primer trámite constitucional, con urgencia simple