Debate en la UC sobre la crisis de orden público y violación a los derechos humanos

5 de diciembre, 2019

El encuentro, que convocó a más de 200 asistentes, fue organizado por el Centro de Políticas Públicas UC y contó con un panel de académicos y analistas que están participando activamente en la discusión pública de estos temas. |

A casi 50 días del estallido de la crisis social más profunda que ha sufrido Chile desde el regreso a la democracia, ha surgido un debate importante en torno a la tensión entre el restablecimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, el Centro de Políticas Públicas UC organizó un seminario el día jueves 5 de diciembre en el que participaron Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho UDP; Lucía Dammert, académica USACH; Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana; y Cristóbal Izquierdo, académico de la Facultad de Derecho UC. La conversación estuvo moderada por el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.

En la apertura del evento, el rector Ignacio Sánchez comentó que “Nos encontramos en un momento histórico, producido por un desgaste de gran parte de la ciudadanía que se ha sentido excluida del desarrollo. Por eso, debemos construir una sociedad donde la equidad no quede en segundo plano y donde la brecha que existe se disminuya”. Además, destacó la urgencia de “avanzar en nuevos caminos de entendimiento y diálogo social, y desde la universidad debemos estar preparados para aportar con conocimientos y propuestas” y reconoció la importancia de abrir este tipo de discusiones y habló sobre lo esencial que es mantener un fuerte lazo entre la academia y el Estado.

Sobre la relación entre el orden público y los derechos humanos, Mauricio Duce dijo que “en todo Estado de Derecho se establecen tensiones, sobre todo cuando se intenta restablecer el orden público. El problema es cuando solo se centran los esfuerzos en actos de violencia puntuales en las protestas. En una sociedad democrática deberíamos tener una visión diferente, entender a la policía como un articulador y solucionador de problemas”, enfatizó. Por otra parte, se mostró crítico ante la estrategia de Carabineros de disuadir las marchas pacíficas. “La idea de que la manifestación se resuelve disolviéndola, ocupando herramientas que ponen énfasis en la fuerza (lanzaaguas, lacrimógenas, perdigones) genera crisis de confianza, incluso entre quienes no se manifiestan”

En el panel se conversó sobre la violencia y sus distintas expresiones, poniendo como ejemplo situaciones que han acaparado el debate ciudadano. ¿Es “el que baila pasa violento?” preguntó Ignacio Irarrázaval. A partir de esta interrogante, Cristóbal Izquierdo habló sobre la ambigüedad del lenguaje, y cómo para unos una protesta puede ser pacifica y para otras violenta. “Pareciera que, para algunos, si en una protesta no se llegó a lesionar a nadie, es pacífica. Las palabras pacífico y violento no creo que tengan actualmente un factor distintivo claro”. Por otro lado, enfatizó en que “Habrá orden público en la medida que existan instituciones validadas, sobre las cuales ciudadanos y ciudadanas tengan expectativas de respeto a los derechos humanos”.

Sobre lo mismo, Lucia Dammert se refirió a la violencia que han protagonizado las fuerzas policiales y la consecuente violación a los derechos humanos. “En los últimos años ha habido un proceso de legitimización de un tipo de respuesta policial. Hay protocolo, pero saltamos rápidamente al agua con químicos, al lanzaaguas y a los perdigones”. La académica de la Universidad de Santiago habló de la violencia estructural “lo que ha generado en muchos casos una respuesta violenta”. Además, dijo que se debe revisar la criminalización del derecho a la protesta. “¿Qué debería hacer la policía en democracia frente al derecho de protesta? cuidar a los que protestan y desescalar los procesos de violencia

Respecto de la necesidad de reformar el sistema de seguridad policial, Daniel Johnson, declaró que “las manifestaciones y la reacción policial tienen un riesgo altísimo de escalar en violencia y por lo tanto de escalar en violación a los derechos humanos. Las policías deben desarrollar o tener herramientas para gestionar este riesgo”, recomendó.

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