Investigación entrega propuestas para regular la negociación colectiva en el sector público

5 de diciembre, 2016

Académicos de Derecho, Administración y Sociología realizaron un estudio sobre la negociación colectiva en el sector público, en el que encontraron que ha habido un aumento importante de las huelgas desde el año 2012 y que la mayoría no se produce por las remuneraciones. En el seminario de presentación participó Zarko Luksic, ex subsecretario del Trabajo, y Carlos Insunza, Consejero Nacional de la CUT. |

Las extensas paralizaciones al no lograr acuerdo en el reajuste salarial del sector público han marcado los últimos años en Chile y han hecho que este tema cobre relevancia. Por eso un grupo de investigadores de la UC realizó la investigación Negociación colectiva en el sector público: propuestas para su regulación, en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC.

Los profesores de la Facultad de Derecho UC Carmen Domínguez, Francisco Tapia y Rodrigo Azócar; junto a Marcos Singer de la Escuela de Administración, David Bravo del Instituto de Sociología y Claudia Donaire, asesora del Ministerio del Trabajo querían proponer lineamientos que orienten la regulación de la negociación colectiva en el sector público para que el Convenio 151 de la OIT –sobre las relaciones de trabajo en la administración pública– sea operativo.

El modelo de libertad sindical presenta problemas e incoherencias importantes”, señaló Carmen Domínguez, académica de la Facultad de Derecho UC, en el seminario de presentación de la propuesta, organizado por el Centro de Políticas Públicas durante el Mes del Compromiso Público UC.

Los académicos debieron enfrentar dos dificultades en su investigación: había muy pocos estudios en esta materia y “la falta de voluntad política” para avanzar, puesto que desde 2008 se han presentado siete proyectos de ley al respecto.

Entre sus hallazgos está que “las demandas que no son remuneracionales doblan aquellas de carácter remuneracional”, estas se refieren a la organización de trabajo y a las condiciones. “El derecho a huelga es una realidad en el sector público pese a su prohibición a nivel constitucional, pese a su prohibición a nivel legal, incluso pese a ser declarada como un delito en la Ley de Seguridad del Estado”, explicó Carmen Domínguez.

En la investigación encontraron que las huelgas en el sector público se producen todo el año, que este fenómeno se extiende a lo largo de todo Chile, que ha habido un incremento en el número de demandas y un aumento importante de las huelgas desde el año 2012.

Los cuatro ejes sobre los que establecieron su propuesta son regular estableciendo coherencia interna, regular estableciendo coherencia con el ordenamiento jurídico laboral internacional, la gestión de lo colectivo en la administración pública y compatibilizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores con los de los ciudadanos.

Entre sus propuestas está consagrar el concepto de libertad sindical, reconocer que no es posible homologar el mundo privado con el público; en materia de negociación colectiva reconocer el derecho de los funcionarios públicos de negociar colectivamente y la obligación de negociar del gobierno frente a un petitorio del sector público. También reconocer el derecho de huelga a los funcionarios públicos y “prohibir el reemplazo de los funcionarios públicos en huelga”.

Luego se desarrolló un panel de discusión en el que participó Zarko Luksic, ex subsecretario del Trabajo, quien planteó que además de los tres actores considerados por los investigadores, el empleador Estado, las asociaciones de funcionarios y la ciudadanía, está el actor que ratifica o no la huelga: “Sería interesante que incluyeran el parlamento como un actor y ver qué pasa con el derecho comparado”.

También participó el investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Sergio Morales. “No son solamente dos sujetos en la negociación, sino que hay un tercero que es la ciudadanía, que se ve profundamente afectada y eso debería estar sobre la mesa, y que los funcionarios persigan sus intereses legítimos, pero también asuman con responsabilidad la función que están realizando”, enfatizó.

Por último, el Consejero Nacional de la CUT y coordinador del Sector Público, Carlos Insunza,  valoró la sistematización de los marcos regulatorios nacionales e internacionales que hicieron los académicos. “Un modelo de negociación colectiva que no considere la cultura de los 700 mil trabajadores públicos está destinada al fracaso”, aseguró.

La investigación será publicada como parte del libro Propuestas para Chile. Revisa la presentación y fotografías de la jornada aquí.

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