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Presentan estudio sobre las dificultades que enfrentan las ordenanzas municipales

29 Noviembre 2016


En Chile hay 346 municipalidades y cada una puede dictar sus propias ordenanzas. “Son reflejo de la espontaneidad de cada alcalde”, señaló el profesor de la Facultad de Derecho UC, Alejandro Vergara, cuando presentó el estudio “Ordenanzas municipales en agua, bienes de uso público y sanciones: legitimidad democrática, límites, problemas y propuestas”.

La investigación que realizó junto a los académicos de Derecho UC Daniela Rivera, Rosa Gómez y Daniel Bartlett, y los académicos de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política Federico Arenas y Camilo del Río, se desarrolló en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC 2016.

Los académicos analizaron el marco jurídico y realizaron un estudio de casos de 43 municipios por macrozonas. “Saber qué ordenanzas tenía cada municipio fue un trabajo muy difícil”, explicó Vergara. Entre sus hallazgos, encontraron que “dentro de las ordenanzas de medio ambiente se observa una discrecionalidad bastante amplia”, también “un hermetismo y falta de transparencia en la elaboración y publicación de ordenanzas” y la necesidad de mejorar su calidad técnica y efectividad. Por esto, algunas de sus propuestas son promover la elaboración y el uso de ordenanzas tipo y reforzar el rol de la participación ciudadana. “A nuestro juicio se debiera regular de algún modo un procedimiento de elaboración, audiencia y publicación de ordenanzas”, sostuvo el académico.

En el caso de las aguas, encontraron una “excesiva uniformidad regulatoria que no responde a las diferencias geográficas y climáticas del país”. “No tiene sentido que una ordenanza de Arica sea igual a una ordenanza de Puerto Montt”, comentó Vergara. En este sentido proponen que se diferencien las ordenanzas según las distintas macrozonas y que se incluyan directrices vinculadas al uso sustentable del agua.

Federico Arenas, director del Instituto de Geografía UC, se refirió al caso de los bienes de uso público, donde encontraron una escasa articulación y dispersión de temáticas, por lo que proponen que exista formación y capacitación jurídica en esta materia. “Nos parece muy razonable que si pudiese haber una especie de método o enfoque particular para cada una de las macrozonas, se pueda generar una fórmula de articulación entre comunas vecinas, que representan un mismo espacio urbano metropolitano”, mencionó. Entre las propuestas está promocionar y apoyar la efectiva y adecuada elaboración de ordenanzas en este ámbito. En cuanto a las sanciones, los académicos sugieren establecer medidas previas como incentivos al cumplimiento.

La investigación fue comentada por la asesora del Departamento de Políticas y Descentralización de Subdere, Carmen Schlotfeldt; quien destacó que se debe transitar “desde una situación más bien discrecional a un ámbito donde tengamos muy claros los límites competenciales de estas ordenanzas”.

En tanto el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Cristián Román, coincidió en la dispersión de las ordenanzas municipales. “El alcalde propone diversos temas, los trata acorde a diversas filosofías, son conceptos totalmente distintos, eso impide el análisis jurídico”, explicó.

El Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Providencia, Pablo Valenzuela, relevó la participación ciudadana para generar legitimidad. “El caso de Providencia de la ordenanza de alcoholes se hizo con los vecinos que iban a los cabildos, pero fallamos en convocar a todos lo que tienen un interés en la toma de decisión”, ejemplificó.

El estudio se publicará como parte del libro Propuestas para Chile 2016 del Centro de Políticas Públicas UC.

Revisa la presentación del estudio y fotografías del seminario aquí.

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