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Ley de Descentralización Financiera: una deuda con las regiones

La discusión sobre la descentralización, referida a la transferencia de funciones y responsabilidades desde el gobierno central a otros niveles subnacionales, se ha dado con fuerza en los últimos años en Chile. La existencia de importantes niveles de desigualdad entre las regiones (OCDE, 2018), así como el bajo nivel de autonomía con que estas cuentan, han llevado a una larga discusión técnica y política que ha incluido el debate sobre el financiamiento de los gobiernos subnacionales. Uno de los principales hitos recientes en esta materia fue la promulgación, en 2018, de la Ley Nº 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales y otros aspectos, y de la ley Nº 21.074, de fortalecimiento de la regionalización del país. Estas normas ofrecen importantes avances en descentralización política -a través de la elección directa de las autoridades a cargo de los gobiernos regionales- y administrativa -mediante la transferencia de competencias a estos gobiernos. Sin embargo, este escenario, además de instalar múltiples dudas sobre cómo será la implementación de las leyes aprobadas (Irarrázaval y Rodríguez, 2018), dejó pendiente la discusión sobre el financiamiento regional y la responsabilidad fiscal, algo particularmente relevante puesto que el grado de descentralización financiera en Chile es relativamente bajo y ocupa los últimos puestos en términos de gasto y recaudación local dentro de la OCDE (Aninat et al., 2020a).

Con el objetivo de aportar a la discusión actual, un grupo interdisciplinario de académicos y profesionales, convocado por el Centro de Políticas Públicas UC, se reunió para analizar las implicancias de los cambios propuestos por el proyecto de ley de descentralización financiera. Los resultados de esta discusión se plasman en el presente documento, en el cual se identifican algunas fuentes de incertidumbre y se formulan alternativas y propuestas de mejora. También se abordan aquí algunos aspectos relevantes contenidos en el proyecto de ley corta para la implementación del proceso de descentralización.

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