15 Mayo 2026
La ministra María Paz Arzola presentó, en un seminario organizado por la Universidad Católica, el proyecto de ley que busca flexibilizar la apertura de colegios subvencionados, argumentando que las actuales restricciones han frenado la oferta educativa pese a la alta preferencia de las familias por este tipo de establecimientos.
El sistema escolar chileno enfrenta una paradoja: hoy hay familias que no encuentran cupos en los colegios que quieren, pero en menos de dos décadas podrían sobrar salas de clases en gran parte del país.
En ese contexto, el Centro de Políticas Públicas y la Facultad de Educación UC organizaron el seminario El mapa escolar en disputa: apertura y cierre de colegios en el sistema educativo chileno. En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, planteó un diagnóstico centrado en el estancamiento de la oferta educativa subvencionada y las dificultades para abrir nuevos colegios desde la aprobación de la Ley de Inclusión en 2015. Según expuso, existe una contradicción entre las preferencias de las familias y la evolución del sistema: mientras “en torno a 7 de cada 10 postulantes escogen primera opción un establecimiento particular subvencionado”, la apertura de este tipo de establecimientos se frenó significativamente tras los cambios normativos impulsados hace una década.

En su presentación, Arzola sostuvo que el debate de 2015 instaló “la desconfianza hacia los establecimientos, especialmente particulares subvencionados”, generando restricciones que desincentivaron la creación de nuevos colegios y limitaron la autonomía de los sostenedores. A ello sumó exigencias como la obligación de ser dueño del inmueble donde funciona el establecimiento y la necesidad de acreditar “demanda insatisfecha” para abrir nuevos colegios o niveles.
Citó que más de un millón de estudiantes asisten a colegios de bajo desempeño en comunas donde, pese a existir “demanda satisfecha”, no pueden abrirse nuevos establecimientos subvencionados. “Pueden haber familias, estudiantes que estén teniendo que conformarse con la oferta que hay, porque alcanzan los cupos, pero la calidad no los satisface”, señaló.
Crisis demográfica y sistema escolar
Otro de los elementos destacados por la secretaria de Estado fue la caída demográfica proyectada para las próximas décadas, fenómeno que calificó como “inminente, pero heterogéneo”, y que —a su juicio— obligará al sistema escolar a tener mayor capacidad de adaptación y dinamismo.
Frente a este escenario, Arzola presentó las principales líneas del proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para facilitar la creación de nuevos colegios subvencionados. La iniciativa busca “reducir las barreras de entrada para que más puedan crear y administrar más colegios, mejorando, en definitiva, las opciones educativas para la familia”. Entre sus medidas principales está flexibilizar el requisito de propiedad del inmueble, permitiendo arriendos regulados; eliminar la exigencia de acreditar demanda insatisfecha o un proyecto innovador; entregar mayor información sobre vacantes y matrícula; y facilitar convenios de administración delegada y traspaso gratuito de sostenedores.
“Tenemos que invitar a que más personas se involucren en la educación, no menos”, afirmó la ministra, defendiendo la necesidad de abrir espacio a nuevos proyectos educativos y de “inyectar dinamismo al sistema escolar”.
Otros puntos de vista
El exministro de Educación y actual director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, respaldó el diagnóstico y las medidas presentadas por la ministra, señalando que el sistema educativo chileno atraviesa “un proceso, a estas alturas ya prolongado, de estancamiento en sus resultados de aprendizaje”. En esa línea, valoró que la agenda impulsada por el Ejecutivo busque “poner la política educativa en las necesidades de los jóvenes, sus aprendizajes, y la capacidad de las familias de escoger”, derribando barreras estructurales que, según dijo, hoy limitan ese propósito. Figueroa también enfatizó que la flexibilización para abrir nuevos establecimientos debe complementarse con un fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, incluyendo mecanismos para intervenir colegios con desempeño insuficiente.

Por su parte, el gerente general de SIP Red de Colegios, Santiago Blanco, coincidió en que el foco del debate debe trasladarse hacia la calidad de la educación y la mejora continua del sistema. Destacó especialmente la posibilidad de generar convenios de administración y colaboración entre sostenedores, lo que, según explicó, permitiría que redes educativas con experiencia puedan ingresar a territorios con una oferta de menor calidad y contribuir a fortalecerla. Blanco sostuvo que “no debiese ser un deseo el que tengamos un sistema educativo diseñado para mejorar continuamente, sino que tiene que ser un imperativo”, y defendió el uso de información de desempeño y gestión para orientar decisiones sobre apertura de nuevos proyectos educativos. También respaldó la eliminación del requisito de acreditar demanda insatisfecha, señalando que “no todos los sostenedores tienen equipos calificados para poder hacer eso, por lo tanto, eso sí o sí es una barrera”.
El decano de la Facultad de Educación UC, Alejandro Carrasco, planteó que el debate sobre apertura y cierre de colegios debe entenderse a partir de dos grandes problemas de política pública: la persistente crisis de calidad del sistema educativo y el impacto que tendrá la caída demográfica en las próximas décadas. En esa línea, sostuvo que el proyecto impulsado por el Ejecutivo representa “una tremenda oportunidad para discutir bien en serio esto”, especialmente considerando el “tsunami demográfico” que, según explicó, podría traducirse en un 60% de capacidad ociosa en el sistema escolar hacia 2050. Carrasco afirmó que las políticas implementadas hasta ahora —basadas en competencia entre establecimientos y en sanciones derivadas del sistema de aseguramiento de la calidad— “ninguna de las dos ha funcionado”, por lo que llamó a aprovechar esta discusión para avanzar hacia modelos más colaborativos entre sostenedores públicos y privados.