14 Diciembre 2020
El estudio Propuesta de un servicio de defensoría y de atención integral para personas que han sufrido delitos en el territorio nacional nace a partir de lo vivido en Chile durante el estallido social de octubre de 2019, y busca aportar en el proyecto de ley en formación que busca crear la Defensoría de Victimas. Dicho organismo pretende fusionar el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los Centros de Atención de Víctimas de Delitos Violentos de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Las académicas tras el estudio son Daniela Bolívar y Paula Miranda, de la Escuela de Trabajo Social UC; María Elena Santibáñez, de la Facultad de Derecho UC; y Alejandra Mera, de la Facultad de Derecho UDP.
El objetivo es reformular la experiencia de justicia que viven las víctimas de nuestro país en base a seis claves: preocupación y centralidad en la víctima, compromiso del Estado con el servicio, sistema de mayor complejidad e integralidad, mecanismos de control internos, cobertura, y atención en consideración a la contextualización de la victimización. “El servicio lo que busca es combinar la orientación de acceso a la justicia, con la necesidad de responder adecuadamente al impacto individual y social causado por la victimización criminal”, dijo la académica Paula Miranda en el seminario virtual realizado el 10 de diciembre, ocasión en la que se presentó el estudio.
En dicho encuentro virtual, los encargados de comentar la propuesta fueron Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia; Paulina Rodríguez, jefa del Programa de Apoyo a Víctima de la Subsecretaría de Prevención del Delito; y Paula Medina, académica de la Universidad Central.
En primer lugar el subsecretario de Justicia destacó la contingencia del estudio y cómo hace sentido en relación al momento histórico que lo motivó. Explicó el trabajo que están haciendo en la creación de este nuevo sistema de acompañamiento, que proponen que sea parte de esta misma Subsecretaría, a diferencia del informe que señala que podría posicionarse en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Además, dijo compartir en la motivación principal de la propuesta. “Una de las cosas más importantes, en mi opinión, que rescata el estudio, es el abordar las necesidades de justicia, que es algo que también nosotros hemos venido observando con mucha detención”, señaló Valenzuela.
Por su parte, Paulina Rodríguez destacó también la importancia del estudio desde la mirada del debate público que se ha generado respecto de las víctimas, y señaló la importancia de generar insumos que vayan en la línea del estudio. “Destacar, por sobre todas las cosas, esta mirada de atención victimológica. Creo que es el camino hacia el que tiene que avanzar cualquier propuesta de defensoría a las víctimas. Una mirada integral donde la víctima, a partir de las necesidades de ella, pueda ser parte del proceso”, enfatizó Rodríguez.
Por último, la académica de la UDP, Paula Medina, destacó la presencia histórica de la idea de crear este sistema, y explicó que es parte de un grupo de modificaciones que deben hacerse en el futuro próximo. “Es una necesidad que no es nueva, que lleva prácticamente más de 13 años en la opinión pública, política y mediática de nuestro país, y que espera una implementación, junto con una serie de grandes reformas en el ámbito de la justicia: necesitamos un nuevo código penal, una ley de ejecución penal, reformas al sistema de justicia penal juvenil, y por cierto una reforma policial”, concluyó Medina.