15 Julio 2020
En el marco de la actual crisis sanitaria y económica, un grupo amplio de académicos y de investigadores de la Universidad Católica está trabajando en asesorar y proponer al Ministerio de Hacienda medidas para reactivar la actividad económica y el empleo, una vez que la crisis sanitaria esté medianamente controlada.
Para impulsar la reflexión y discusión en torno a este tema, el Centro de Políticas Públicas en conjunto con el Instituto de Economía, organizaron el seminario virtual “Protocolos de reactivación para las empresas y sus costos”, que contó con la participación de Nicolás Muñoz, subdirector de Investigación del Centro de Políticas Públicas UC; Jeanne Lafortune, profesora asociada del Instituto de Economía UC; y Cristóbal Cuadrado, Secretario Depto de Políticas y Estudios del Colegio Médico. La conversación fue moderada por el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.
Según lo expuesto por Nicolás Muñoz, quien está liderando una investigación con foco en los sectores de manufactura, comercio y construcción, los costos mensuales de implementar el protocolo de medidas, tanto las obligatorias como las recomendadas (incluyendo capacitar a todos los trabajadores, habilitar lavamanos/alcohol gel, barreras físicas, etcétera) varían entre $474.000 y $677.000 para las empresas de 5 trabajadores; entre $1.500.000 y $3.500.000 para las empresas de 50 trabajadores, y entre $13.000.000 y $26.000.000 para empresas de 500 trabajadores.
“Para retomar su actividad, las empresas deben tomar resguardos y medidas de protección, pero hay obstáculos. Por una parte, está la asimetría de información. Todas las empresas deben saber con claridad qué tienen que hacer para reactivarse de manera segura. Por otra parte, están los elevados costos, sobre todo para micros y pequeñas empresas”, dijo Muñoz.
Complementando este punto, la académica del Instituto de Economía Jeanne Lafortune manifestó que: “Uno podría pensar que, como los protocolos son demasiado costosos, deberíamos pedir menos seguridad a las empresas para lograr asegurar los empleos. Esa es una falsa dicotomía: sin esos protocolos, es mucho más probable que tengamos que cerrar firmas de manera intermitente, por infección en locales, y ese stop and go en la vida de una empresa puede terminar siendo mucho más dañino para el empleo”.
Ante la pregunta de ¿quién va a pagar este costo de adaptación?, Cristóbal Cuadrado, Secretario del Depto. de Políticas y Estudios del Colegio Médico, aseguró que “es importante entender que acá hay costos que se van a distribuir dentro de la sociedad. Hay cuatro componentes que de una u otra manera van a estar financiando las adaptaciones necesarias: las empresas, los trabajadores, los consumidores (que van a tener que pagar mayores precios por ciertos productos); y finalmente el Estado, ya sea vía subsidios a ciertos sectores de empresas o bien por los costos asociados a la vigilancia del cumplimiento de estos estándares”.
Con respecto a la reactivación de ciertas empresas, Cuadrado señaló que “los rebrotes son una realidad, por ende el riesgo sigue estando presente. Es necesaria una planificación en la cual la apertura sea gradual y con riesgos controlados”. Y agregó: “lo que ha pasado y ha sido un problema en Chile es que esto se ve como algo dicotómico: o está todo cerrado o todo abierto. Estamos en una cuarentena total y luego la discusión es cuándo abrimos los malls. Esos saltos son un gran problema; hay que hablar de fases. No es solo que una empresa abre o cierra sino que dentro de una empresa también hay actividades de mayor y menor riesgo. Esa mirada, mucho más fina, es la que nos ha faltado desde una perspectiva de política pública para enriquecer la discusión”.