16 Abril 2019
Hace pocos días el Ministerio de Desarrollo Social junto al PNUD presentaron los resultados de una compilación de datos de las encuestas CASEN desde el año 1990 al 2017. La conclusión es bastante rotunda: en estas casi tres décadas el país ha experimentado un notable mejoramiento en sus condiciones de bienestar.
Si consideramos algunos componentes de la pobreza multidimensional, en el caso de los indicadores de carencias como asistencia y rezago escolar, acceso a sistema de salud, hacinamiento, habitabilidad y acceso a servicios básicos, la mayoría presenta mejorías en más de 50%. Sin embargo, en otros ámbitos se aprecia un estancamiento relativo como empleo y acceso a seguridad social. Aun así –y particularmente al comparar con la trayectoria de otros países latinoamericanos–, el progreso socioeconómico que hemos tenido es realmente importante.
Por el lado de pobreza e ingresos, los datos también son alentadores. En estas tres décadas Chile ha sido líder absoluto en la reducción de la pobreza, ningún otro país en la región muestra disminuciones del orden de 80%. Mientras la tasa de pobreza de Latinoamérica es de 30%, en Chile no llega a 10%. Pocos países en vías de desarrollo pueden mostrar un crecimiento de los ingresos autónomos del primer quintil en más del 100% real en este periodo. Pese a esto, tenemos aspectos pendientes y el más importante es la casi nula mejoría en la distribución de los ingresos.
La positiva trayectoria que Chile ha experimentado tiene, sin embargo, tres desafíos para la política social. El primero es que, si bien los agregados estadísticos muestran mejorías importantes, pueden esconder sectores que, al tener poco peso cuantitativo, pueden quedar invisibilizados: personas en situación de calle, desertores del sistema escolar, familias que viven en campamentos pueden tener poca relevancia estadística, pero mucha importancia para continuar en la senda del mejoramiento social. El desafío es no olvidarse de estos grupos de alta vulnerabilidad que, la mayoría de las veces, no se ven beneficiados por el crecimiento económico y necesitan una política social focalizada.
En segundo lugar, al ser Chile un país abierto al mundo, su crecimiento está sujeto a los vaivenes de la economía, por lo tanto, puede haber vulnerabilidades y riesgos de enfrentar situaciones que produzcan pérdidas en los niveles de bienestar. Cómo se enfrentan estas transiciones y se retoman las condiciones de movilidad es un desafío. Por último, las mejoras socioeconómicas nos llevan a reconocer otras necesidades antes subvaloradas. Tal como Inglehart, Fukuyama y otros autores señalan, la presencia de valores post materiales es un reto cada vez más desafiante; la necesidad de sentirse escuchado y reconocido, la sustentabilidad ambiental y la mejor cohesión social son elementos que se suman a la agenda de la política social.
Hay sin duda muchos detalles de estos desafíos que se tomarán la agenda pública en el futuro, esto es esperable e inevitable. La política social debe anticiparse y responder a estos retos, pero estas discusiones –relevantes y necesarias– no deben nublar el reconocimiento de los avances que Chile ha logrado.