22 Junio 2012
Debido a la evaluación internacional del sistema de Acreditación, el Ministerio de Educación ha formado una comisión de expertos para analizar su estado actual. Mejorar la calidad de las instituciones de educación superior (ES) debe ser el punto central de las reformas que se llevan a cabo en nuestro país.
Este proceso debe incluir a todos los niveles de nuestra educación, y requiere modificaciones significativas en tres ejes fundamentales: acreditación, fiscalización e información relevante y transparente para una decisión informada de los estudiantes y sus familias.
Es necesario reconocer la diversidad de instituciones que componen el sistema de ES. Estas se diferencian en universidades complejas, con diferentes grados y niveles de docencia e investigación, y otras de predominio docente. El fortalecimiento y obligatoriedad del sistema de acreditación debe hacer más exigente el proceso de evaluación, cuyo foco principal hoy está puesto en los procesos, operación y funcionamiento. A estos habría que incorporar otros indicadores, como resultados en las pruebas de egreso, calidad de sus programas, competencias de profesores y empleabilidad de sus titulados. Además, es necesario relacionar la acreditación institucional con la de las carreras y programas. Las agencias actuales deben tener un análisis crítico y evaluar su desempeño actual. Por otra parte, existe un consenso en que la acreditación en una escala de años no es apropiada; es necesario cambiarla por plazos más prolongados que tengan una evaluación y mejoramiento continuo dentro del período.
Se requiere avanzar hacia una mayor participación de los grupos relevantes, lo que implica visibilizar las necesidades y demandas de los empleadores. Además, es mandatorio reestructurar las atribuciones del aseguramiento de la calidad de la CNA, del Consejo Nacional de Educación y de las agencias acreditadoras, al regular los conflictos de interés y fortalecer la fiscalización, información y transparencia de los procesos de acreditación.
La creación de una Superintendencia de ES contribuirá de manera importante a normar y fiscalizar la labor de las instituciones. El reciente informe de la Comisión de la Cámara de Diputados destaca el tema. La ley se encuentra actualmente en el Parlamento para ser perfeccionada, con el aporte de todos los actores. Sus funciones se refieren a la fiscalización en el ámbito económico y financiero, a la recopilación y publicación de información veraz, a la creación de sedes y nuevas carreras, a la fiscalización de las agencias acreditadoras y a la recepción de reclamos de la población. Todos éstos son aspectos clave, orientados a velar por la calidad del sistema.
Los últimos acontecimientos en una universidad privada destacan la necesidad de una efectiva fiscalización en relación a los contratos con empresas relacionadas. Además, la Superintendencia requiere de atribuciones para resguardar la utilización de fondos públicos, en especial de los beneficios estudiantiles, junto a los traspasos de propiedad entre instituciones relacionadas.
El aseguramiento de la calidad debe estar orientado a apoyar de manera decidida el proceso de transformación de una persona que se prepara a dar un salto mayor en su formación humana, valórica, ciudadana, intelectual e integral. Esta es la educación superior que debemos cuidar y potenciar.
Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.