27 Mayo 2013
Desde hace un buen tiempo, ya sabíamos que estamos en una etapa avanzada de transición demográfica de hile; cuarta etapa para algunos. Esta se caracteriza por una muy baja tasa de crecimiento poblacional, unida a bajas tasas de fecundidad y mortalidad. Efectivamente, con una tasa de fertilidad de 1,8, nuestro país ni siquiera alcanza a reponer su población. Esta tasa es más baja que el promedio mundial y la más baja de latinoamérica.
Si bien la evolución de nuestro país se enmarca en patrones similares a los que han tenido países europeos, lo sorprendente es la rapidez con que están ocurriendo estos cambios demográficos. Por lo tanto, lo más llamativo del anuncio presidencial del 21 de mayo no fue el posicionar el tema de la disminución de la natalidad, sino formular abiertamente el inicio de una política demográfica para Chile.
Cambiar el escenario actual no es fácil, particularmente en el umbral crítico del tercer hijo. Según la Encuesta Bicentenario 2009, sólo 14% de las mujeres con dos hijos tiene disposición a tener un tercero. Esta proporción continuó disminuyendo en 2011. Las principales razones esgrimidas para no tener más hijos se refieren a que es más difícil que la mujer trabaje y a los costos asociados a la mantención de los hijos, entre los que se incluye, principalmente, la educación. Estos argumentos tienen una fuerte gradiente socioeconómica: el estrato bajo es el que muestra mayor aprensión en estos aspectos.
Paradójicamente, estas percepciones ocurren en un escenario de una importante ampliación del cuidado infantil y de la cobertura preescolar. Sin embargo, pareciera ser que el costo de oportunidad para la mujer se está haciendo muy alto, lo que es ratificado por la misma Encuesta Bicentenario, que constata que la maternidad reduce de manera importante la participación laboral femenina en jornada completa. En otras palabras, el costo del tercer hijo no es sólo una realidad económica, sino también una percepción social instalada.
No es que los chilenos nos hayamos convertido en antinatalistas. Más del 90% de las personas que han experimentado la paternidad están de acuerdo en que “ver a los niños crecer y desarrollarse produce felicidad”, los hijos nos ayudan a crecer como personas y mantienen unida a la familia. Más aún, la caída en la fecundidad está acompañada por un deseo de más hijos de los que en verdad se tienen.
La evidencia internacional sobre incentivos económicos a la fecundidad no es plenamente concluyente, pero hay una tendencia general a mostrar impactos positivos, aunque pequeños. Para el caso francés, un estudio del 2012 concluye que los incentivos financieros han tenido un efecto significativo en las decisiones de fertilidad y que éstos son más fuertes en el caso del tercer hijo.
En el Reino Unido se concluye que el otorgamiento de un crédito fiscal para familias de bajos recursos tuvo un efecto estadísticamente significativo de 15% en el aumento de los nacimientos en ese grupo. En todo caso, en ambos países los bonos son de carácter permanente y con un valor considerablemente superior a lo planteado para Chile.
Está claro que el bono ofrecido en el discurso presidencial no será suficiente para compensar el costo efectivo y percibido del tercer hijo, pero es una señal muy relevante para el país en términos de los desafíos que enfrentamos.
Obviamente, para instalar una política de promoción de la natalidad se deberá realizar un esfuerzo mucho más com- prensivo, incorporando no sólo incentivos económicos, sino también mejoramientos en los programas de vivienda, flexibilidad laboral, creación de un ambiente y espacio público que favorezcan el desarrollo de los niños, entre otros aspectos. La experiencia internacional señala también que todos estos esfuerzos deben tener coherencia y no ser percibidos como hechos aislados.
Mucho se ha comentado que estamos en el umbral del desarrollo y que finalmente lograremos entrar en el club de los países más ricos del mundo, pero si no hacemos algo por cambiar nuestro rumbo demográfico, es más factible que seamos viejos antes que ricos.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.