19 Junio 2019
En conversaciones con legisladores de un amplio arco político, todos me han comentado que las leyes que crean el gobernador regional y el mecanismo de traspaso de competencias son una contrariedad, pues dejan demasiados ámbitos abiertos, tienen tensiones no resueltas y pueden tener importantes problemas de implementación. Al revisar las votaciones de esos parlamentarios, de izquierda y derecha, la mayoría votó a favor de ellas. Más de tres cuartos de los congresistas pertenecen a circunscripciones regionales, donde tienen su base electoral, así no sorprende que, en público, omitan la crítica o incluso defienden la iniciativa.
Uno de los mayores problemas que tendrá la implementación de esta ley es la gobernanza regional. Habrá dos liderazgos: un delegado presidencial regional con un poder muy relevante al dirigir las tareas de gobierno interior y ser el superior jerárquico de todas las Seremi en la región. Por otro lado, existirá un gobernador regional que será electo con un caudal de votos significativo y tendrá las atribuciones que hoy tiene el Presidente del CORE, que se limitan a asignar fondos de inversión pública en la región.
El Presidente de la República resolvió una parte del intríngulis regional al confirmar la elección de los gobernadores para octubre de 2020. ¿Qué se puede hacer para mejorar la implementación de estas normativas? Avanzar en la tramitación de los siete reglamentos asociados a esta ley, hay dos aprobados, uno en trámite en Contraloría y cuatro en proceso. Y más urgente aún es presentar una ley corta, que debería aprobarse antes de la próxima elección, que considere al menos los principales cuatro ámbitos para su implementación.
Primero, el traspaso de competencias puede generar un alto grado de incertidumbre institucional, pues cada región podrá tener distintas capacidades y el proceso no tiene un límite en el tiempo. Es pertinente definir en forma anticipada cuál será el escenario de todas las competencias que se traspasarán en un período determinado. Segundo, es necesario transparentar los criterios de asignación de fondos que SUBDERE transfiere a las regiones para prevenir arbitrariedades en la entrega de estos recursos. Tercero, es predecible que se originen conflictos de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales, es imprescindible definir un órgano que los dirima. Cuarto, debe abordarse un aspecto crítico que se esquivó en la tramitación: se debe crear un mecanismo de incentivo para el traspaso de funcionarios, pues no es factible que ocurra en forma permanente usando la modalidad de comisión de servicios.
Existen muchos otros aspectos a considerar para asegurar una mejor implementación de esta ley, todos son relevantes y pueden abordarse a futuro, pero para que las leyes de descentralización puedan caminar con mayor coherencia se requiere clarificar elementos que faciliten este tránsito por un camino que de todos modos será sinuoso.