20 Marzo 2019
Con el fin de institucionalizar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el proceso legislativo, una comisión bicameral presentó una propuesta que busca incorporar mecanismos que mejoren el aporte de la sociedad civil a la discusión sobre proyectos de ley y a leyes vigentes. Esta iniciativa sería un avance en reconocer la contribución que la sociedad civil puede realizar en el debate de temas de relevancia pública. Sin embargo, si buscamos enfrentar de forma efectiva los principales desafíos sociales del país, se requiere mucho más: un nuevo trato hacia la sociedad civil, que fomente los espacios para la colaboración público-privada y que aproveche las décadas de experiencia que las OSC tienen trabajando en estas problemáticas. No sólo en torno a la discusión legislativa, sino también en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Cuando un ministerio licita recursos para el trabajo con personas en situación de calle y ni siquiera consulta a las instituciones que llevan años trabajando en este ámbito, sabemos que algo no está bien. Hoy las más de 250.000 OSC que día a día contribuyen a entregar soluciones en ámbitos clave para el desarrollo del país como infancia, personas mayores, discapacidad, educación, salud, vivienda, medioambiente, entre otros, colaboran y complementan la acción del Estado, y muchas veces se anticipan a este en identificar problemas no cubiertos por los programas públicos.
Más aún, las OSC suelen terminar subsidiando al Estado. ¡Sí, entendió bien! Estas organizaciones aportan con sus recursos para cumplir un rol social que muchas veces el Estado no es capaz de financiar adecuadamente. De acuerdo al proyecto Sociedad en Acción, el 41% de los ingresos que administran las OSC provienen de transferencias o aportes estatales, una cifra comparable con la de “países de ingresos altos” donde se ubica Chile, según el Banco Mundial.
El Estado necesita de la colaboración permanente de estas organizaciones a través de la innovación, focalización y movilización pública que hacen. Sin embargo, si se revisa la forma de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, se llega a la conclusión de que no hay simetría en el trato y que la mayoría de las veces no hay comprensión de lo que constituye la esencia de asumir una labor conjunta. Algunos ejemplos: si una fundación decide colaborar en la provisión de servicios a niños para el resguardo de sus derechos, debe cumplir con estándares que no tienen sentido técnico, no están financiados y que ni siquiera cumplen los organismos del Estado. Si una organización sin fines de lucro se adjudica fondos para un proyecto social, debe entregar una garantía financiera más grande que la que se le solicitaría a una empresa.
Estas y otras múltiples trabas para una efectiva colaboración entre Estado y sociedad civil dependen de decisiones administrativas que se han estructurado por temores y celos administrativos de los que ni siquiera hay claridad de su origen. Las OSC no pretenden –ni pueden– reemplazar al Estado y requieren obviamente de su financiamiento y regulación. Es tiempo de potenciar la relación entre el Estado y las OSC, considerando a estas como verdaderas colaboradoras en la construcción del bien común, facilitando su actuación, sin por eso dejar de fiscalizarlas. El actual gobierno ha señalado este desafío como parte de su programa y como Centro de Políticas Públicas UC junto a la Fundación Chile+Hoy pretendemos contribuir a esto a través de una serie de propuestas trabajadas en colaboración con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Lee y comenta la columna en Voces.