8 Junio 2012
La acreditación de la educación superior tiene una historia de 15 años en Chile. En este período ha avanzado mucho en fomentar en las instituciones involucradas la evaluación y mejoramiento de la calidad, pero esa práctica también ha evidenciado dificultades y conflictos que motivan la conveniencia de una reformulación.
Por una parte, la acreditación institucional, a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), está desvinculada de la acreditación de carreras, que corresponde a agencias privadas de acreditación. Los criterios empleados son demasiado genéricos, y aplicados por casi una decena de agencias acreditadoras, dan lugar a dictámenes inconsistentes, infundados o arbitrarios.
Por si fuera poco, como las ayudas financieras a los estudiantes dependen de la acreditación, la CNA se ve presionada a acreditar instituciones de mal desempeño para no dejar a sus alumnos al margen del financiamiento. Los resultados de la evaluación se expresan en una caprichosa escala de 1 a 7 años, que confunde más de lo que contribuye a informar.
Simultáneamente, el manejo por parte de la CNA y de algunas agencias acreditadoras de situaciones de conflicto de interés ha dejado márgenes de duda sobre la transparencia de algunos procesos, deteriorando la confianza de los actores del sistema en la acreditación. A esta crisis de confianza contribuye la desconexión entre resultados de acreditación y puntajes de los egresados de las carreras de Medicina y Pedagogía en pruebas nacionales.
Con base en la experiencia reunida, para superar las deficiencias del actual sistema, resulta necesario unificar las decisiones de acreditación en una sola agencia pública, terminando con las agencias privadas de acreditación. La revisión de las carreras debe ser parte de la acreditación de una institución en su conjunto.
Además, conviene separar la acreditación del financiamiento a los estudiantes, de modo que la elegibilidad de las instituciones de educación superior para que sus estudiantes accedan a ayudas financieras estatales pase a ser materia de competencia de la Agencia Administradora del Crédito para Educación Superior propuesta por el gobierno, y no del sistema de acreditación, que no fue diseñado para ese fin.
Adicionalmente, la acreditación debiera otorgarse sólo por tres años (candidatura a acreditación), cinco años (acreditación) o 10 años (acreditación calificada), y las instituciones que fallen en el proceso deberán perder su autonomía y someterse por un plazo determinado a la supervisión del Consejo Nacional de Educación, y si no logran acreditarse, deberían cerrar.
Por último, los miembros de la CNA debieran ser elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública u otro mecanismo que no sea el nombramiento por las propias instituciones de educación superior, para evitar que actúen como representantes de sectores.
El Ministerio de Educación ha anunciado su voluntad de revisar el sistema. Ajustes al actual modelo no lograrán restablecer al ciudadano en la acreditación. Hemos llegado al fin de un modelo, y es momento de fundar otro.
Andrés Bernasconi, académico de la facultad de Educación UC.