27 Mayo 2021
Señor Director:
Llama la atención el asombro de nuestros legisladores, quienes, ante la inminente toma de cargo de los futuros gobernadores regionales, aún se sorprenden por la falta de claridad de sus funciones y la necesidad de precisar aspectos relativos al financiamiento regional. Obviamente, la situación es paradojal, pues se trata de normas que ellos mismos aprobaron.
Sin perjuicio de haberse planteado algunas observaciones en la discusión previa, el 20 de diciembre de 2017 se aprobó la ley que permite la elección popular de gobernadores regionales, la aprobación fue transversal y mayoritaria, hubo aplausos, hubo abrazos. En febrero de 2018, con todo el despliegue del caso, se promulgaron las leyes de elección de gobernadores y fortalecimiento de la regionalización. Nuevamente hubo más elogios y celebración.
En noviembre de 2018 publicamos desde el Centro de Políticas Públicas UC un documento que advertía las limitaciones y contradicciones de las leyes aprobadas en lo referido a aspectos de descentralización fiscal. En enero de 2019 el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado dio a conocer su preocupación por las leyes aprobadas, en términos de la urgente necesidad de aclarar el alcance de las competencias a traspasar, regular materias de financiamiento regional, mecanismos de resolución de conflictos y otros aspectos. Durante estos meses, en paralelo hubo una bancada de la descentralización que abordó estos temas. Finalmente, en junio de 2019, el Gobierno convocó a un grupo transversal de especialistas a una Mesa Técnica de Descentralización, cuyas conclusiones sirvieron de base para dos proyectos de ley que el Gobierno envió al Parlamento durante septiembre de 2020.
Estamos a menos de 50 días de que los nuevos gobernadores y gobernadoras regionales asuman sus cargos, y aún no terminamos de afinar las normas que regirán su desempeño. Con o sin estas normas se prevén desencuentros entre los órganos ejecutivos a nivel regional, pero sin duda sería un gran avance para la convivencia nacional el que al menos tengan una mayor claridad en el alcance y financiamiento de sus funciones.