29 Abril 2016
La reciente muerte de Lissette a los 11 años en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Estación Central refleja una terrible realidad: el Estado chileno es incapaz de proteger en lo más esencial a nuestros niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
Esta lamentable situación no es la primera de este tipo, basta con recordar el incendio en un centro del Sename en Puerto Montt en 2007, donde murieron diez jóvenes entre 14 y 18 años. El diagnóstico está claro desde hace años, informes nacionales e internacionales han dado cuenta de que el sistema de protección a menores en Chile no respeta los derechos fundamentales ni alcanza los estándares adecuados a nivel mundial. Con precarias condiciones de institucionalidad y de infraestructura, se hace evidente la necesidad de contar con un sistema integral de garantías de los derechos de los niños y adolescentes.
Aunque en 1990 Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño, en 2006 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a nuestro país contar con una institucionalidad independiente para atender las necesidades de los niños cuyos derechos han sido vulnerados y otra para los adolescentes que infringen la ley. Ese año se formó un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia –del que formé parte– que entregó recomendaciones que no se llevaron a cabo.
Durante la última década gobiernos y parlamentarios han presentado iniciativas legales para que tengamos un sistema que haga efectivos los derechos del niño: en 2005 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al respecto que fue aprobado en el Senado y hasta hoy se encuentra en la Cámara Baja sin avances; en 2012 se presentó un proyecto para crear dos servicios de atención a la infancia y adolescencia, que quedó paralizado en el Congreso en enero de 2014 en primer trámite; en 2013 se presentó un proyecto de ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes que también quedó en su primer trámite constitucional. En septiembre de 2015 el actual gobierno ingresó dos proyectos: uno para crear un sistema de garantías de los derechos de la niñez y otro para crear la Subsecretaría de la Niñez. Ambos se encuentran en la Cámara de Diputados, al primero se le retiró la suma urgencia en enero pasado y el segundo tiene urgencia simple.
En resumen, la nueva institucionalidad para la infancia y adolescencia es, hasta el día de hoy, un compromiso pendiente. Son los más vulnerables quienes siguen desatendidos. No podemos seguir tolerando situaciones como la de Lissette, los niños y adolescentes no pueden morir ni sufrir abusos ni maltratos en centros en que el Estado debería resguardarlos de las vulneraciones de sus derechos.
Necesitamos contar con una ley que permita una mayor especialización en la protección de la infancia y que, a su vez, logre producir intervenciones más integrales a los niños y adolescentes en situación de vulneración de sus derechos; esto ya fue propuesto hace diez años. Aunque son el futuro de Chile, pareciera que nuestros niños no son la prioridad del Estado. Es de esperar que el actual gobierno asuma este desafío, que se busquen soluciones a los problemas de fondo y que las buenas intenciones de los últimos proyectos de ley se lleven a término a diferencia de lo que ha ocurrido con las iniciativas anteriores.
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