31 Marzo 2012
¿Cuánto vale la paz social? Hace algunos años atrás, Edgardo Boeninger mencionó en una charla que no estaba convencido del proyecto de ley de Estatuto Docente en la Educación, pero finalmente no dudó en empujar esa iniciativa al considerar que ésta era necesaria para tener paz social en la transición a la democracia.
En la historia de nuestro país existen muchas políticas públicas que se instalaron con un objetivo que no necesariamente respondía a la necesidad identificada inicialmente, sino más bien al propósito de dar una señal política. ¡Qué duda cabe que todo el país deseaba que se restableciera la tranquilidad en Aysén cuanto antes! Sin embargo, la solución de corto plazo puede traer repercusiones que a la larga no son deseables.
En el contexto mundial, la creación de zonas francas como estrategia de desarrollo territorial está definitivamente pasado de moda. Existe bastante evidencia que muestra que éstas producen una mayor rotación en la dinámica de las empresas locales, pero un bajo impacto de largo plazo en el crecimiento del empleo. Por otra parte, la experiencia chilena con la bonificación a la contratación de mano de obra no ha generado nuevos empleos y en la práctica opera como una simple rebaja a la planilla de sueldos. Más aún, la bonificación laboral debería contribuir a atraer o retener mayor capital humano en las regiones, lo que la transformaría en una iniciativa más regresiva aún. Por lo tanto, los mecanismos recientemente propuestos pueden producir algunos alivios o rentas a grupos determinados, pero no necesariamente se convertirán en mayor productividad o desarrollo de largo plazo para la región.
La mayor dificultad con la creación de regímenes de excepción es precisamente definir el límite de esta situación, el cual es inevitablemente discrecional. ¿Por qué no rebajar el costo del combustible a la comuna de Ollagüe, que tiene costos de transportes comparables a los de Aysén? o ¿por qué no bonificar el costo de la mano de obra en las comunas con las mayores tasas de desocupación del país, como son Penco o Curanilahue? Realmente, para cada uno de estos casos pueden existir razones para crear subsidios especiales tanto o más valederos que para Aysén.
El definir políticas para cada situación puntual nos podría llevar a una distorsión completa de los mecanismos de asignación de recursos, tanto públicos como privados. Es por ello, que la política de desarrollo regional del gobierno debería centrarse en tres criterios.
En primer lugar, debe compensar los diferenciales de costo de vida en base a subsidios directos a las personas de escasos recursos. Si el costo de la canasta básica de alimentos es superior en las zonas extremas respecto a Santiago, el Ingreso Etico Familiar debería incorporar ese aspecto.
En segundo lugar, la política regional debería financiar la provisión de ciertos bienes públicos de alcance regional o local, como puede ser infraestructura, dotación de servicios o incluso información para la inversión. En este caso, los recursos deberían asignarse de manera no condicionada, de forma que sean los propios territorios los que decidan en qué invertir en función de sus preferencias y necesidades. Para hacer más factible y potenciar este segundo criterio, el desafío está en unificar toda la complejidad de mecanismos de incentivos y exenciones tributarias, que tienen resultados muy discutidos, para luego, a partir de esos recursos, crear un fondo único para que las regiones extremas puedan desarrollar un programa de inversión estratégico de largo plazo.
Finalmente, se debe otorgar una mayor autonomía decisional a las regiones. Se requiere previamente, eso sí, una mayor precisión de las funciones que éstas asumen y así, un mejor accountability de su gestión.
Aprovechemos el clamor que ha surgido desde las regiones para avanzar en una verdadera descentralización del país en la línea de los conceptos que se han mencionado. Una buena señal en este sentido sería la aprobación del proyecto de ley sobre transferencia de competencias a las regiones.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.