26 Diciembre 2018
Lentamente, la discusión acerca de las implicancias de las reformas a la ley de Gobiernos Regionales ha tomado un espacio en la agenda pública. Si bien la idea de otorgar mayores atribuciones de decisión a los gobiernos regionales y la elección directa de los gobernadores regionales ha sido un tema presente al menos en la última década, es un hecho bastante reconocido a la fecha que la tramitación de esta ley no tuvo la profundidad ni coherencia suficiente. Entre otros aspectos, se pueden advertir tres ámbitos que requieren mayor consideración: la promoción del desarrollo, la dotación de capital humano y lo local.
Sin perjuicio que la nueva normativa plantea la exigencia de formular al menos cinco instrumentos de planificación en diversos ámbitos, en la práctica nada asegura que esos usualmente extensos y pomposos documentos se conviertan en mecanismos concretos que permitan a una región diferenciarse y poder desplegar una estrategia efectiva para atraer inversión y generar las condiciones para que esta se realice. En países desarrollados es posible constatar que los niveles subnacionales compiten por dar mayores facilidades para la llegada de capital que se transforma en desarrollo y empleabilidad. Para ello, los territorios pueden disponer de los recursos y decisiones que hacen atractivo el emplazamiento de la inversión, a la vez que tienen una amplia capacidad de maniobra para formular alianzas público-privadas.
Ligado a lo anterior está el tema del capital humano regional. Sin desmerecer que la ley define la orgánica del gobierno regional a través de las cinco divisiones con las que contará, nada asegura que en estas se desempeñe el personal más idóneo. Los gobiernos regionales se caracterizan por tener personal con bajos niveles de capacitación y rotación laboral. Por lo que aquí correspondería un completo plan de fortalecimiento del capital humano en las regiones, que debería abarcar a todos los funcionarios que se desempeñan en las reparticiones públicas en la región. No se trata de crear una agenda de cursos de capacitación en temas puntuales, sino de establecer un programa de formación de excelencia a nivel de postgrado que haga atractiva la retención y atracción de los profesionales de excelencia de las regiones a permanecer en estas y aportar a su desarrollo desde el sector público.
Finalmente, otro aspecto de mejora se relaciona con la compensación directa de los costos socioambientales de la inversión en el territorio local. Si bien la inversión que el sector privado desarrolla trae beneficios –como empleos directos e indirectos y activación de la economía–, no puede desconocerse que también repercute en una sobrecarga de los servicios, mayor presión sobre la infraestructura pública y, no pocas veces, en problemas ambientales. En el escenario actual, los municipios se benefician muy poco de esta inversión en forma directa, porque la mayoría de las industrias pagan sus patentes comerciales en las grandes ciudades y, aunque hay algunos impuestos o derechos relacionados con la explotación de recursos naturales, en la práctica todos son de recaudación del nivel central con una baja y sobre todo poco predecible retribución a los territorios. Hay varias propuestas previas que sugieren la creación de un fondo para el desarrollo local a partir de un aporte de las empresas que invierten en esos lugares. Se requiere una señal más evidente de los beneficios directos de esta inversión, que deben pasar por la priorización y gestión local.
En suma, para profundizar la descentralización se requiere no solo implementar bien los aspectos administrativos de la nueva institucionalidad, sino también dar espacio a un desarrollo más integral en el que debe haber una mejor articulación público-privada.