2 Octubre 2018
El mes de septiembre, no solo es el mes de la patria, cueca, empanadas y vino tinto; sino que también marca el inicio del proceso presupuestario del sector público. Como todos los años, la discusión se centra en cuán expansivo o restrictivo es el presupuesto respecto al de años anteriores y en el detalle de qué partidas presupuestarias aumentan más o menos que otras. De esta forma, cada grupo de interés evalúa si el crecimiento del gasto de su área o tema es mezquino o generoso.
Lamentablemente, poco o nada se discute sobre la calidad del gasto público, es decir, si estamos invirtiendo los recursos fiscales en los ámbitos de mayor rentabilidad social para el país. No en vano un reciente libro del Banco Interamericano de Desarrollo estima que, en promedio, en Latinoamérica alrededor de un 4,4% del PIB corresponde a ineficiencia técnica del gasto público en programas sociales, compras públicas y remuneraciones. Afortunadamente, para el caso chileno esta estimación es de “solo” 1,8% del PIB; lo que no deja de ser, pues es equivalente a todo el gasto público anual del gobierno en orden público y seguridad.
Hace pocos días la Dirección de Presupuestos (DIPRES) dio a conocer los resultados de las evaluaciones de programas públicos 2018. De los 22 programas evaluados, cinco fueron categorizados con mal desempeño y el resto con desempeño bajo (5), medio (10), y dos programas en la categoría de buen desempeño. Para llegar a esta clasificación se realiza una combinación de análisis en cuatro ámbitos: diseño, implementación, eficiencia y resultados. En cada uno de ellos se examina si los resultados son suficientes, insuficientes o no concluyentes.
Programas con mal desempeño –como el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)–, que tienen resultados insuficientes en todos los ámbitos y llevan décadas de existencia, deberían ser mirados con lupa en la Comisión Mixta de Presupuestos y ser eliminados, o bien, reformulados completamente. Además, las evaluaciones muestran que todos los programas como Yo elijo mi PC o Subsidio al empleo joven, categorizados con desempeño bajo e incluso algunos de desempeño medio, su ámbito de resultado es “no concluyente”, es decir, la evidencia de la evaluación no permite afirmar si hay resultados ni cómo serían estos. Esta situación ocurre en varios casos de programas que llevan más de una década de funcionamiento e insólitamente aún no se puede determinar cuáles son sus efectos. Este dato es más que suficiente para ponerlos en tela de juicio de forma definitiva.
Mas allá de lo necesario que es hacer un esfuerzo de ajuste fiscal en el presupuesto público de 2018, el ejercicio de recortar programas es una buena oportunidad de reasignar los recursos públicos a otras líneas de inversión donde sí hay resultados demostrados que benefician a la población, o bien, para cubrir necesidades sociales emergentes que aún no son abordadas. Esperemos que el proceso presupuestario se convierta en una discusión de fondo sobre la calidad y efectividad de la inversión pública y no en una batalla campal de frases vacías, y a veces incluso infantiles, sobre qué partida sube o baja más.
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