29 Agosto 2012
Recientemente, el Ministerio de Educación ha publicado el listado de empresas asociadas a cada una de las universidades, obtenido de la información financiera solicitada al sistema de educación superior.
Lamentablemente, los antecedentes entregados a la prensa son generales, adolecen de errores y desprolijidad, lo que confunde y tergiversa la información. Se presentan datos repetidos, sociedades que están cerradas, varias que son proyectos de investigación financiados por el Estado, y algunas formadas para gestionar los créditos estatales de los estudiantes. Junto a éstas aparecen empresas de diferente alcance y orientación.
Las universidades tienen y requieren diferentes fuentes de ingresos para financiar su quehacer, particularmente si lo realizan con calidad. Dentro de éstos se cuentan los que provienen de matrículas de pre y posgrado, becas financiadas por instituciones públicas o privadas, fondos estatales para apoyar la investigación y donaciones filantrópicas. Además, hay recursos que provienen de venta de servicios y de diferentes tipos de emprendimientos o empresas que se generan en las incubadoras de la universidad. Con estos dos últimos se intenta aportar y satisfacer necesidades de la sociedad, aprovechando los conocimientos y capacidades disponibles en la institución. Estos nuevos recursos permiten financiar y fortalecer la misión específica de la universidad: formar a sus alumnos y fomentar la creación y la transferencia de conocimiento con excelencia.
Los emprendimientos pretenden establecer un “círculo virtuoso” donde la experiencia y el conocimiento pueden ser transformados en servicios o innovaciones, y eventualmente pueden ser transferidos a la sociedad a través de la venta de productos, concesión de royalties y participaciones societarias. Los ingresos pueden utilizarse en una nueva investigación, mejorar infraestructura, aumentar becas de alumnos, etcétera. Los proyectos, a su vez, pueden emplearse como “campo educacional”, para preparar a los alumnos en ambientes reales, o como “vehículo” para generar asociaciones academia-empresa que se potencien mutuamente.
Las razones que llevan a una universidad a realizar este tipo de actividades, conformando entidades jurídicas diferentes, fuera de su estructura tradicional, son variadas y se utilizan en las grandes instituciones del mundo. En algunos casos, como los consorcios, requieren sociedades por exigencia de las agencias de financiamiento (Corfo); en otros, se estructuran de esta forma para facilitar la incorporación de capital provisto por terceros o para incorporar competencias complementarias a las que dispone la universidad. Las empresas spin-off se controlan al transparentar las transacciones entre las partes relacionadas, explicitar las dietas de los directores y ser sometidas a revisiones exhaustivas.
En general, se busca un funcionamiento más autónomo transparentando su quehacer, sujeto a la Superintendencia de Valores y Seguros, en el caso de las Sociedades Anónimas (con directores responsables de la gestión e informes financieros auditados), y de su marco legal, en el caso de las fundaciones. Todas estas organizaciones tienen directorios o consejos con representación universitaria. Las universidades no tienen fines de lucro, por lo que si se generan excedentes en la sociedad, será la institución la que recibirá un ingreso que aportará a su misión educacional.
Es en este ámbito donde se han planteado legítimas inquietudes por diferentes actores sociales, en el sentido de que sociedades de este tipo podrían ser utilizadas para extraer renta de la universidad y “engañar” su carácter de entidad sin fin de lucro. Esto no ocurre si el socio es la misma universidad, y no sus miembros o relacionados con éstos. Éste es el punto principal en que debe poner atención el Ministerio de Educación en la evaluación de los datos que debe analizar. En este sentido, la propuesta de una Superintendencia de Educación debe cumplir un rol clave.
A nivel internacional, las innovaciones producidas en las universidades se han transformado en una importante fuente de valor para el desarrollo y bienestar de los países a través de la innovación y la transferencia medida en patentes y licenciamiento. Junto a esto, son una importante fuente de financiamiento de las universidades para la investigación en ciencia, arte y cultura. La voluntad de tener universidades de calidad y relevancia internacional debe estar alineada con el apoyo a la generación y transferencia de conocimiento. El año 2013, llamado de la innovación, debe ser algo más que un anhelo.
Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.