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Nicolás Muñoz

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SEP: ¿Recursos olvidados?

SEP: ¿Recursos olvidados?

26 de agosto, 2019

Recientemente se dio a conocer una auditoría realizada a la Dirección de Educación Pública y a diversos Servicios Locales de Educación. El resultado: en el servicio local de Huasco se detectaron giros de dinero por más de $400 millones de pesos, correspondientes a diversas subvenciones estatales, entre ellas, la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Estos recursos públicos fueron a parar a cuentas corrientes personales de funcionarios y, luego, se les perdió el rastro.

Por situaciones como ésta urge que el gobierno cumpla su promesa de modificar la legislación. No hay que olvidar que en enero y en junio, tanto la Ministra Cubillos como el Presidente Piñera, anunciaron que se ingresaría un proyecto de ley para modificar la normativa que rige la SEP. Pero, hasta ahora, no hay indicios de su envío al Congreso.

Si lo que se busca es mejorar la calidad de la educación escolar y evitar que los dineros se sigan perdiendo o mal utilizando, ésta es una discusión que no se debe postergar.

En sus primeros 10 años de implementación la SEP deja cifras buenas y otras preocupantes. Por un lado, son indiscutibles las positivas evaluaciones que se han hecho de su impacto. Un reporte del Centro de Políticas Públicas UC sobre la gestión y uso de estos recursos, refleja el continuo fortalecimiento de esta política que, entre 2008 y 2017, ha aumentado significativamente su cobertura y el monto entregado por estudiante. Hoy la SEP beneficia hasta el 80% de los alumnos más vulnerables y es la segunda fuente de financiamiento más importante para las escuelas.

Sin embargo, esto contrasta con una preocupante baja ejecución de los recursos que se entregan. De acuerdo a las estimaciones realizadas, de todos los ingresos que se han otorgado a los sostenedores en ese período sólo se ha utilizado el 66%. Así, existiría un saldo de más de $435 mil millones de pesos, que deberían estar en las cuentas corrientes de los sostenedores. No obstante, más de $196 mil millones –el 45% de estos saldos– no han sido acreditados por los sostenedores, es decir, que los dineros ya se utilizaron en otros fines, quizá educativos o quizá improcedentes, pero no ajustados al objetivo para el que fueron otorgados.

Si los fondos que entrega el Estado para mejorar la calidad educativa de los estudiantes más vulnerables se acumulan en las cuentas corrientes de los sostenedores, se pierde la visibilidad y control de estos dineros, transgrediendo la transparencia y probidad del uso de los recursos públicos. El Mineduc tiene la facultad año a año de pedir la restitución de estos recursos, pero hasta el momento ha optado por determinar que estos fondos pasen a formar parte de los ingresos SEP de los que disponen las escuelas.

Tras una década, es hora de discutir el mecanismo más adecuado para que se puedan ejecutar estos saldos: a qué fines deben destinarse y en qué plazo. Luego, lo correcto sería que el cambio de ley contemple que los recursos no utilizados sean restituidos al Mineduc, evitando así replicar situaciones como la ocurrida en Huasco.

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