Medio

Voces La Tercera

Columnista

Ignacio Irarrázaval

Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil

23 de mayo, 2018

En los últimos meses hemos conocido públicamente lamentables casos de vulneración de derechos en los que viven, literalmente, miles de niños en Chile.

Como parte del trabajo en el marco del “Acuerdo Nacional por la Infancia” convocado por el gobierno, que busca aunar consensos para encontrar los mejores caminos que permitan saldar la deuda que existe con la infancia, más de 200 personas y organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar sus propuestas para contribuir desde su experiencia a dar solución a este trágico problema. 

La promoción, prevención y protección de vulneración de derechos de los niños es un tema complejo que tiene muchas dimensiones, requiere de innovación y gran compromiso. Por esto mismo, es interesante constatar la vasta diversidad de organizaciones sociales que presentaron en el marco de la Comisión de Infancia y sus prácticas de trabajo con niños a través de intervenciones barriales, apoyo en terapia ocupacional, acompañamiento en procesos de adopción, desarrollo de programas socioeducativos, formación de hábitos de parentalidad positiva, modelos de cuidados alternativos a través de familias de acogida y muchas otras iniciativas basadas en experiencias propias e internacionales.

La mayoría de estas organizaciones financian sus iniciativas a través de donaciones privadas y aportes o subvenciones del Estado. Es más, de acuerdo al estudio de Sociedad en Acción –iniciativa del Centro de Políticas Públicas UC y Fundación Chile+Hoy– hoy sabemos que, en término de recursos, el financiamiento de las 234 mil organizaciones de la sociedad civil que hay en Chile funciona bajo una verdadera colaboración público-privada: 44% del total de su financiamiento proviene de ingresos propios y 41% del Estado.

Sin embargo, si bien para el sector público estas organizaciones son en la mayoría de los casos “colaboradoras” de la función del Estado, en la práctica son tratadas como meras prestadoras de un servicio.

Efectivamente, las instituciones públicas que trabajan con infancia no se interesan por conocer la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y mucho menos por considerar su opinión a la hora de convocarlos a licitaciones. Más aún, se fijan condiciones de prestación de servicios que están lejos de financiarse con el aporte pecuniario que se entrega, se definen procedimientos de rendición de recursos, tan engorrosos que ni los mismos funcionarios los entienden, y las transferencias de fondos ocurren en plazos realmente muy desfasados respecto del momento en que se prestó el servicio. Todas estas trabas y limitaciones han llevado en algunos casos a que las mismas organizaciones prefieran continuar con su camino propio y no articularse con los organismos del Estado. 

Por eso, para enfrentar con éxito los desafíos que el gobierno se ha propuesta, es necesario impulsar un nuevo trato hacia las organizaciones de la sociedad civil, que permita articular de mejor forma la vinculación y trabajo que realizan las OSC y el sector público.

Cuando hablamos de un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil, ya sea que trabajen en infancia, discapacidad, pobreza, adulto mayor, vivienda u otros cientos de ámbitos en los que están presentes, nos referimos a que el Estado valore la labor imprescindible que han realizado por décadas en la creación de bienes y servicios de interés público; un nuevo trato en el que exista voluntad política para aprovechar su experiencia en temas sociales y que las posicione como un actor relevante en la construcción de un mejor país.  

Y este nuevo trato no solo debe entenderse como una sociedad civil con mayores espacios de acción. También debe venir de la mano con mayores responsabilidades para ellas, donde se comprometan con más transparencia y una mejor calidad en su trabajo.

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