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Capítulo IV. Recuperación de plusvalías para financiar la inserción de viviendas sociales en barrios consolidados

Artículo publicado en el libro Propuestas para Chile 2018. La investigación fue desarrollada en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC 2018.

Esta propuesta plantea utilizar el mecanismo de Recuperación de Plusvalías para financiar la inclusión de viviendas sociales en áreas consolidadas. La recuperación de plusvalías es un tipo de financiamiento, usado por entidades del Estado, que extrae recursos desde las alzas en los valores de suelo urbano provocadas por intervenciones públicas. Dado que este mecanismo no existe en Chile, estas intervenciones se traducen en ganancias para los propietarios de los terrenos afectados, ya sea en un área de influencia alrededor de una infraestructura pública, o en una zona de cambio normativo. Tanto nuestra propia evidencia –como la de otros estudios– demuestran los fuertes aumentos en los valores de suelo a partir de intervenciones públicas. En el país, la principal consecuencia de las alzas de precios es la exclusión de la vivienda social, dado que la localización de esta depende de un subsidio casi absolutamente fijo. Este sistema de asignación de subsidios, tras dos décadas de producción masiva, entró en una “crisis de calidad” hacia finales de la década de 1990 y mitad de la del 2000, mostrando uno de sus principales problemas: una fuerte segregación residencial y grandes diferencias de calidad en el entorno de ricos y pobres. Así, a partir de una serie de críticas académicas y de la sociedad civil, se dio paso a diversas iniciativas para mejorar la calidad y disminuir la segregación. La presente propuesta plantea obtener financiamiento desde las mismas alzas de precios, con el propósito de insertar viviendas sociales donde es más difícil hacerlo: en los barrios consolidados, afectos a intervenciones públicas. A partir de una serie de reuniones con expertos y distintos actores del mundo público, privado y de la sociedad civil, el conjunto de iniciativas demuestra ser socialmente equitativo, institucionalmente consistente y viable, y económicamente eficaz para recuperar plusvalías y para así financiar la inserción de viviendas sociales en barrios consolidados.

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