28 Mayo 2026
En el contexto de los recientes anuncios de ajustes al gasto social y con los datos de la CASEN 2024, que revelan que la pobreza infantil afecta de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes en Chile (24,9%), el Centro de Políticas Públicas UC, la Fundación Colunga y UNICEF Chile organizaron el seminario Pobreza infantil y desafíos del ajuste fiscal para poner sobre la mesa qué efectos tiene el ajuste fiscal sobre la infancia más vulnerable y cómo debería responder la política pública. El encuentro convocó a representantes del Gobierno, organismos internacionales y la academia.
El subsecretario de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gabriel Ugarte, abrió el encuentro, donde habló sobre los desafíos que existen para avanzar en políticas públicas para enfrentar la pobreza infantil. “Lo más importante es poner el foco en cómo avanzamos como país para enfrentar la pobreza infantil. El Estado, la sociedad civil, la academia, todos en su conjunto tenemos que buscar las herramientas para hacernos cargo de manera responsable, y llegar a tiempo a dónde más nos necesitan”.
La autoridad también se refirió a la situación fiscal señalando que “sabemos que las cuentas públicas están apretadas, entonces estamos trabajando en utilizar los recursos de la forma más eficiente posible para hacer frente a este problema que tiene unas repercusiones tremendas”. Por último, el subsecretario Ugarte se refirió a la importancia de avanzar en políticas públicas “que permitan mejorar los mecanismos de acceso, garantizar acompañamiento efectivo, y por supuesto a través del crecimiento económico, apoyar a las familias a generar ingresos autónomos, para lograr un impacto sostenido”.
En el marco del seminario, el Observatorio Niñez Colunga y UNICEF Chile presentaron el informe Pobreza infantil en Chile: diagnóstico actualizado y propuestas de política pública, documento que actualiza las cifras de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y pobreza severa, evidencia cómo las desigualdades golpean con mayor fuerza a la niñez, y propone medidas concretas —entre ellas una garantía de ingresos básicos para familias con hijos e hijas y el fortalecimiento de un piso de protección social— para el período 2026–2030. Este documento corresponde a una actualización de las propuestas presidenciales en pobreza infantil elaboradas por una mesa de expertos convocada por el Centro de Políticas Públicas UC durante 2025.
Durante la presentación del informe, Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga, enfatizó que implementar las propuestas es un costo que Chile puede y debe asumir: “Estimamos que garantizar un piso de ingresos para los hogares en pobreza extrema costaría el 0,5% del PIB. Si nos enfocamos solo en los hogares más vulnerables, bajaría al 0,11%. Es una inversión eficiente para el país “.
Del Villar también señaló que uno de los problemas que enfrentan las familias en situación de pobreza es navegar un sistema de ayudas dispersas y difíciles de acceder. “Lo que proponemos es avanzar hacia un instrumento claro, transparente, que unifique las transferencias y sea fácil de entender para quienes más lo necesitan“. Y cerró con un llamado directo: “Vivir en pobreza es una barrera para el desarrollo del país. Tenemos las propuestas, tenemos la evidencia y sabemos cuánto cuesta. Lo que necesitamos es el consenso político para avanzar”.
El panel de conversación, moderado por Mariana Fulgueiras del Centro de Políticas Públicas UC, profundizó en las implicancias de las cifras y en las condiciones para proteger y ampliar las políticas de infancia en un escenario de recursos restringidos.
Amanda Telias, oficial de Políticas Sociales de UNICEF Chile, subrayó la urgencia de blindar los presupuestos sociales orientados a la niñez en contextos de ajuste, enfatizando que la inversión en infancia tiene retornos sociales y económicos de largo plazo. “Estamos en un contexto de ajuste fiscal y de discusión sobre dónde recortar. El llamado es claro: cuando protegemos el gasto social en infancia no solo estamos garantizando los derechos de los niños y niñas hoy, estamos construyendo sociedad para el futuro“. También planteó la importancia de contar con un piso de protección social: “Asegurar ingresos mínimos a las familias es el primer paso, pero tiene que complementarse con acceso a salud, educación, cuidados y apoyo a la parentalidad. No basta una transferencia: hay que mantener la vinculación con la política social en su conjunto”.
Por su parte, Andrés Hojman, académico de la Escuela de Gobierno UC, entregó una perspectiva analítica sobre los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y los retornos de las políticas de transferencias en la primera infancia. “La intervención intensiva en pobreza infantil es muy poderosa y no se hace suficiente. Hay que dar una segunda y tercera vuelta a cuáles son las mejores herramientas disponibles”. Y también planteó que la baja de natalidad podría ser una oportunidad para destinar más recursos por niño. “Pero esto requiere una decisión explícita del gobierno, y no es fácil tomarla en un escenario de presión fiscal como el que tenemos”.
Patricia Roa, oficial de Programación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aportó una mirada desde los estándares internacionales del trabajo y la protección social. “La inversión en infancia no es un gasto prescindible en contextos de ajuste fiscal. Es la inversión con el mayor retorno económico y social, y hoy tenemos la evidencia para demostrarlo”. Además, remarcó el apoyo que requieren las mujeres para conciliar el cuidado con su participación laboral. “Si no resolvemos un sistema mínimo de cuidados, no vamos a lograr que más mujeres se incorporen al mercado laboral. No es solo una cuestión de trayectorias individuales: estamos dilapidando bienestar y desarrollo económico por no haberlo resuelto”.
El seminario cerró con un llamado común: que el debate sobre el ajuste fiscal no deje atrás a la niñez, y que las propuestas del informe sean un insumo concreto para las decisiones de política pública en los próximos años.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, enfatizó este mensaje. “Superar las brechas que afectan a niñas y niños en situación de pobreza exige mirar más allá de las transferencias aisladas y avanzar hacia un sistema coherente de protección para la niñez. El trabajo conjunto que estas tres instituciones venimos desarrollando apunta justamente a eso: a aportar evidencia y orientar las decisiones para fortalecer las oportunidades de desarrollo de la infancia en Chile”.
