14 Julio 2026
Aunque coincidieron en que las incivilidades constituyen un problema que requiere respuesta, los panelistas discreparon sobre si el proyecto representa una política pública eficaz o una medida de carácter principalmente simbólico.
En momentos en que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, el Centro de Políticas Públicas UC y la Escuela de Gobierno UC inauguraron el ciclo de conversaciones “Transformar Chile desde la UC” con un debate sobre una de las iniciativas más controvertidas de la agenda legislativa: el proyecto que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
La propuesta, anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública e ingresada posteriormente al Congreso, busca crear un registro público de personas condenadas por 33 conductas vinculadas a actos vandálicos e incivilidades, estableciendo además sanciones administrativas que incluyen la suspensión temporal de distintos beneficios estatales para los casos considerados más graves. Sus impulsores sostienen que contribuirá a enfrentar la sensación de impunidad y recuperar la convivencia en los espacios públicos; sus detractores cuestionan tanto su eficacia como su proporcionalidad y advierten sobre sus eventuales efectos en derechos fundamentales.
Con ese contexto como punto de partida, la conversación reunió a Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno UC; Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad; y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), quienes analizaron el proyecto desde el derecho, la criminología y la filosofía política.
Uno de los primeros temas abordados fue la llamativa distancia entre la evaluación que realizan los especialistas y el amplio respaldo ciudadano que muestran las encuestas de opinión.
Desde la criminología, Catalina Droppelmann sostuvo que esta diferencia no resulta inesperada y la vinculó con lo que la literatura denomina populismo punitivo: políticas que responden principalmente al temor ciudadano frente a la inseguridad y que privilegian un efecto simbólico por sobre la evidencia sobre su efectividad. A su juicio, este tipo de iniciativas transmite la sensación de que el Estado está actuando, pero termina concentrando sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables, especialmente jóvenes en contextos de exclusión social. En lugar de fortalecer procesos de inclusión y reinserción, advirtió, el proyecto profundizaría una lógica de sanción que ya se observa en otras iniciativas legislativas dirigidas a adolescentes y jóvenes.
Claudio Alvarado, en cambio, planteó que la brecha entre expertos y ciudadanía debe entenderse como parte de un fenómeno más amplio que atraviesa a las democracias contemporáneas: el distanciamiento entre las élites y la percepción de la población. A su juicio, antes de descalificar el respaldo ciudadano al proyecto, es necesario comprender por qué existe. Recordó que las incivilidades afectan con mayor intensidad a sectores populares y que, precisamente por ello, es razonable que quienes las experimentan demanden respuestas concretas del Estado. Si bien reconoció que el proyecto puede requerir mejoras durante su tramitación legislativa, sostuvo que el esfuerzo de la política por hacerse cargo de esa demanda constituye, en principio, una buena noticia.
Por su parte, Mauricio Duce coincidió en que las incivilidades representan un problema real y que la ciudadanía espera acciones para enfrentarlas. Sin embargo, fue enfático en señalar que ello no convierte automáticamente a esta iniciativa en una buena política pública. A su juicio, el proyecto carece de evidencia que demuestre su capacidad para prevenir estas conductas, podría generar efectos contraproducentes al aumentar la exclusión de jóvenes, presenta importantes tensiones constitucionales y supone una utilización ineficiente de recursos públicos. Según explicó, el amplio apoyo ciudadano refleja principalmente la percepción de que “hay que hacer algo”, pero eso no exime a las autoridades de la responsabilidad de diseñar políticas efectivas y basadas en evidencia, especialmente en un ámbito tan sensible como la seguridad.
Aunque desde perspectivas muy distintas, los tres panelistas coincidieron en un punto: las incivilidades constituyen un problema que requiere respuesta pública. El principal desacuerdo estuvo en si el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades representa una herramienta capaz de enfrentar ese desafío o si, por el contrario, sus efectos podrían terminar siendo distintos —e incluso contrarios— a los que persigue.
