6 Julio 2012
Dentro de las investigaciones que lidera el área, cuyo objetivo es aportar y apoyar el debate urbano, se encuentra el estudio “Conciliando integración social y negocio inmobiliario: seguimiento de proyectos residenciales integrados (PRI) desarrollados por inmobiliarias”, financiado por el Lincoln Institute of Land Policy (LILP) de Estados Unidos.
La política habitacional chilena de las últimas décadas ha sido exitosa en la provisión de viviendas sociales para los hogares de menores recursos, pero ello ha sido a un elevado costo: su segregación residencial de gran escala dentro de las principales ciudades del país.
Frente a esta situación es que los académicos UC Francisco Sabatini del Instituto de Estudios Urbanos y Rodrigo Tapia de la Facultad de Arquitectuta, llevaron a cabo el estudio con el fin de evaluar los efectos del subsidio de integración social entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que consiste en 100 UF asignadas a hogares de clase media que aceptan residir en el mismo conjunto habitacional que hogares de menores recursos. En Chile se han generado 9 proyectos integrados desarrollados por empresas inmobiliarias. La investigación tomó los casos de San Alberto de Casas Viejas en Puente Alto y Juvencio Valle en San Bernardo.
Los académicos lograron probar las difíciles consecuencias que la segregación tiene sobre las posibilidades de movilidad social de los hogares. El MINVU, entendiendo la gravedad de esta situación, decidió incluir la integración como uno de los objetivos de la política, y en ese marco ha generado distintos instrumentos, entre los que se cuenta el subsidio de integración residencial.
La investigación arrojó en consecuencia que proyectos como San Alberto de Casas Viejas son ejemplos de cómo la integración residencial es posible y compatible con el negocio inmobiliario. “Sin desconocer la existencia de problemas y conflictos productos de la convivencia, los hogares residentes en proyectos integrados valoran los beneficios de vivir en diversidad”. Tener evidencia sobre los resultados de las políticas públicas permite a los gobiernos tomar mejores decisiones respecto a por qué, dónde, cómo y cuánto invertir, de modo de poder lograr los mayores y mejores resultados posibles.
