6 Septiembre 2012
“Los desafíos actuales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) se concentran principalmente en la integración funcional y social de los hogares a las oportunidades que ofrece la ciudad”, afirman los autores Luis Eduardo Bresciani, Gonzalo Cubillos, Ivan Poduje, Rosanna Forray, Francisco Sabatini, Robert Gillmore, Gonzalo Edwards, Enrique Rajevic y Martín Santa María, quienes participaron de diversos talleres de discusión con el fin de analizar las modificaciones que afectarán a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Las modificaciones a las que se hace referencia buscan volver a declarar como de utilidad pública terrenos destinados a áreas verdes y vialidad que ya caducaron, normar las declaratorias de nuevos terrenos, y la creación de un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción de modo de facilitar la cesión de espacios públicos por parte de dichos proyectos, tal como hoy se les exige a los loteos.
Respecto a estas propuestas los académicos valoran su incorporación ya que compatibilizan bien común y derechos privados, sin embargo consideran que la modificación “pretende volver a la situación previa a 2004, es decir, se operaría de forma retroactiva, y por otra, no establece distinciones en función de las características de los propietarios, el tipo de gravamen ni la zona donde éste pretende implantarse”. Los autores refuerzan esta idea al asegurar que lo anterior generaría un escenario muy complejo de administrar y presentaría altos riesgos de judicializar la planificación urbana.
En relación a los aportes al espacio público los expertos valoran la iniciativa de “empujar un proyecto que mejore la situación actual”, en el marco de un escenario donde una gran mayoría de los proyectos de densificación no cumplen con la obligación de cesión de suelo para espacio público.
Sobre el punto anterior el documento establece como prioridad que los proyectos de construcción mitiguen los impactos que generan sobre su entorno. “En el caso que la compensación se realice en dinero, quien realice el aporte debiera tener alguna garantía que esos recursos efectivamente se van a destinar al financiamiento de los PIEP o bien a las obras comprometidas en los plazos determinados según corresponda”, concluyen los académicos.
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