Excomisionados expertos debaten sobre Estado social y de derecho en la propuesta constitucional

El pasado martes 28 de noviembre se realizó el tercer debate del Ciclo de Debates Constitucionales UC 2023, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, junto al Foro Constitucional UC y CNN Chile, de camino a las elecciones del próximo 17 de diciembre.

Los excomisionados expertos Antonia Rivas (Convergencia Social) y Máximo Pavez (Unión Demócrata Independiente) debatieron sobre la materia de Estado social y de derecho en la propuesta constitucional elaborada por el Consejo Constitucional. Claudio Alvarado, académico de la Facultad de Derecho UC, presentó los puntos más relevantes del texto, y las principales diferencias y similitudes con el texto vigente.

¿Qué es un Estado Social y de derecho?

Existe una diversidad de concepciones sobre qué es un Estado social y de derecho. Es por esto que “no va a ser extraño que, al momento de articular un Estado Social para Chile, vayan a pensar las características propias de nuestro país, es lo que típicamente sucede en estos casos” como el mercado laboral, la situación demográfica, la configuración familiar o las capacidades del Estado, explicó Alvarado.

¿Qué dice la propuesta en materia de Estado social?

Dividido en tres aspectos, son elementos contenidos en el ámbito de los fundamentos del orden constitucional y que se refieren al Estado social y democrático; luego los derechos y garantías, es decir, que se dice en materia del Estado social, y preguntarse hasta qué punto los cambios que se introducen en la parte orgánica de la propuesta pueden repercutir en una mayor satisfacción de los derechos sociales. En los fundamentos, el artículo 1.3 se señala que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, recogiendo, en una de las bases del proceso en curso (5ta).

Alvarado destacó que no se confunde al Estado con la sociedad, porque “una cosa es decir que Chile es un Estado, y otra cosa es decir que el Estado de Chile es social y democrático de derecho”. El artículo 1.6 señala la idea de que el Estado debe remover obstáculos con el fin de promover la justicia y solidaridad y según el académico puede ser objeto de debate porque “era una demanda muy sentida de quienes venían empujando la idea de un Estado Social para Chile, y guarda directa relación con contenidos legales, doctrinales o jurisprudenciales de otros países en los cuales se ha promovido o establecido un Estado social”.

 

El reconocimiento de los cuidados es otra disposición que podría relacionarse con la idea de un Estado Social, ya que, “en el caso de aprobarse esta propuesta también va a despertar un mayor desarrollo legislativo y doctrinal”, según Alvarado. Los panelistas Antonia Rivas y Máximo Pavez concordaron en la idea de un modelo de provisión mixta en el que tanto el sector público como privado entreguen servicios. Sin embargo, presentaron diferencias sobre si el texto consagra efectivamente un Estado social y democrático de derecho y si este es compatible con el principio de la subsidiariedad.

Pavez comentó que sostener que el texto va a satisfacer por sí mismo los derechos sociales no sería lo correcto, sino que “primero hay que preguntarse si la arquitectura de este habilita para que se satisfagan los derechos sociales”. Para Pavez, esto ocurriría en múltiples materias como la subsidiariedad que “consiste en un complemento que es compatible con que el Estado sea un motor para desplegar y asegurar el desarrollo de derechos sociales, con provisión mixta de una sociedad civil crece”. Rivas dijo que no ve un Estado social y democrático de derecho, pero la subsidiariedad “veo una arquitectura constitucional completa, que no incluye sólo los derechos sociales, incluye el sistema político, la administración del Estado, la forma de regular los derechos”.

Además, agregó que es una arquitectura que “no funciona, porque no le da la capacidad de respuesta al Estado frente a ciertas situaciones, y le quita la capacidad de regulación y de sanción en materia súper relevante”. Otro punto discutido fue sobre el principio de solidaridad. Pavez expresó que, según su opinión, debe ser de forma voluntaria, y que se podría hacer de otras formas como a través de impuestos generales. “Se ha dicho que el legislador habilitante defina y que las personas pueden elegir el sistema que incluirá lo que la ley diga, pero que no exista a priori la imposibilidad de que un grupo de personas no pueda optar por el asegurador”, comentó.

Respecto a cuáles serían los límites del legislador, Máximo Pavez respondió que el límite es que las personas puedan elegir, y agregó que “cualquier sistema que impida a las personas a priori elegir, pugna con la Constitución porque es una libertad esencial, ya que el Estado social y democrático derecho tiene el apellido de que respeta derechos y libertades fundamentales”. Antonia respondió que “cuando uno entiende un Estado social y democrático derecho es tratar de terminar con el sálvese quien pueda, esta propuesta hace eso (…) la idea de la solidaridad es lo que de alguna manera compensa la posibilidad de que tengamos una vida en sociedad”.

¿Qué dice la propuesta en materia de derechos sociales?

Además del derecho a la educación profundizado en el seminario anterior, el derecho a la protección de la salud integral en el art. 16.22, se establecen algunas innovaciones como el refuerzo a la llamada provisión mixta y la libertad de elección, tanto a nivel de prestadores, como de aseguradores. Pero al mismo tiempo, se establece un mandato al legislador para dar lugar un plan de salud universal sin discriminaciones de ningún tipo. En cuanto al derecho laboral, se establece el derecho al trabajo decente a su libre elección y libre contratación, donde se incorporan conceptos que no están en el texto constitucional vigente, como la desconexión digital, la conciliación, familia y trabajo.

En relación con lo anterior, en materia de libertad sindical, el abogado destacó que ha generado discusión la circunscripción del derecho a huelga en la negociación colectiva, similar a lo que establecía la propuesta constitucional de la expresidenta Bachelet. En cuanto a seguridad social, ha generado controversia la idea de propiedad de los fondos previsionales, como también la libertad de elección que se establece, quedando abiertas preguntas como: ¿Qué significa libertad de elección en este ámbito?, o si ¿debe o no existir una AFP Estatal?

Se reconoce el derecho a la vivienda adecuada, que no está presente en la actual constitución. Sobre este mismo, el mayor debate ha Estado concentrado en la exención a las contribuciones o impuesto territorial de ciertos contribuyentes. Para finalizar este punto, Claudio Alvarado mencionó el derecho al agua y saneamiento que constituye una novedad en el texto, pero que, según su opinión, en cuanto a contenido se respeta en gran medida lo que ya está en la legislación vigente dado los códigos de aguas. Uno de los puntos más críticos en materia de derechos sociales fue salud.

El excomisionado Máximo Pavez destacó el concepto de salud integral como un avance y la posibilidad de que exista un deber del Estado en que el legislador quede habilitado para establecer un plan de salud universal. “Si eso no es un avance en materia de la orden que le da la Constitución al legislador para que establezca una forma de establecer una cobertura de salud universal, como el legislador lo defina, no sé qué más se puede innovar en esta materia”. Rivas mencionó que cuando se habla de salud, es sobre dos libertades, la de elegir los prestadores, pero también la libertad de sistemas establecidos que tiene que ver con los seguros. Para Rivas, el problema estaría en el sistema público-privado de seguros.

Otro punto discutido sobre salud fue la posibilidad de constitucionalización de las isapres. Pavez cree que hablar de constitucionalización de las isapres “es un eslogan falso porque no se constitucionaliza ningún diseño, lo que dice es que tiene que haber libertad de sistema en todos los niveles, asegurador o mutualización o prestadores”. La excomisionada experta cree que la constitucionalización es posible, “se pueden llamar de otra forma, pero un sistema privado donde la gente con base en su condición socioeconómica acceda a mejores prestaciones de salud”. Asimismo, comentó: “estamos discutiendo un sistema que beneficia el 10% de la población (…) esta propuesta lo que se hace es constitucionalizar el modelo que existe hoy, en algunos casos con algunas pequeñas mejoras, y en la mayoría de los casos con importantes cerrojos”.

 

 

En materia de pensiones, Pavez dijo que “la propuesta constitucional de que las personas son dueñas de su cotización, y también de sus ahorros, incorpora Una categoría de un objeto de propiedad, son para la vejez y que el Estado ni mecanismo alguno podrá establecer alguna forma de apropiación distinta a al fondo de pensiones”. Además, mencionó que otro avance está en que se “tiene que optar entre organismos públicos y privados para administrar y para invertir, o sea va a tener que haber provisión pública”. Por otro lado, Rivas mencionó que no ve intenciones de “cambiar un sistema que vemos que no ha funcionado, para un sistema que pueda efectivamente garantizar mejores pensiones a los chilenos, veo la constitucionalización de un sistema que no ha resultado y no trae más protección a los ahorros a los trabajadores”.

¿Qué dice la propuesta en materia de garantías?

Alvarado enfatizó en que probablemente el artículo más relevante en materia de Estado social y de derechos sociales sea el artículo 24 donde se establece que el Estado debe adoptar medidas para lograr los derechos señalados anteriormente, atendiendo una serie de criterios “donde probablemente podría residir el núcleo del Estado social en el ámbito de los derechos fundamentales”. Para finalizar, Antonia Rivas expresó: “esta propuesta es un programa de derecha, que petrifica la forma en como hemos entendido la Constitución de derechos sociales, que limita los espacios democráticos y refuerza la vigente”. Pavez comentó que el texto: “permite avanzar en una etapa de certeza jurídica para el país, ordenar algunos aspectos del sistema político para mejorar la gobernabilidad, genera certezas y libertades de las personas junto a un estado social (…) creo que para Chile este texto es mejor y nos va a permitir cerrar de buena manera un capítulo que lleva mucho tiempo”.

 

Revisa el video del debate aquí: