Las principales propuestas de la comisión para la probidad y transparencia

A partir de una seguidilla de casos en que las transferencias entre el Estado y las fundaciones ha sido cuestionada, el pasado 4 de julio el Presidente Gabriel Boric convocó a seis expertos y expertas para formar una comisión: Ignacio Irarrázaval, drector del Centro de Políticas Públicas UC; María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la comisión; Ramiro Mendoza, excontralor General de la República; Francisco Agüero, abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile; Jeannette Von Wolfersdorff, parte del Consejo Fiscal Autónomo y directora de Fundación Chile; y Valeria Lübbert, abogada de la Universidad de Chile. Dicha comisión elaboró, en un mes y medio, 46 recomendaciones de política pública que buscan mejorar la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro.

Es por lo anterior que el Centro de Políticas Públicas UC en conjunto con la organización Chile Transparente realizaron un seminario en el que se mostraron las principales falencias de la relación con el Estado y las IPSFL y las propuestas que buscan mejorarlas, las que fueron presentadas por Maria Jaraquemada e Ignacio Irarrazaval.

En la instancia también estuvieron presentes para comentar Catalina Littin, Directora Ejecutiva Fundación para la Superación de la Pobreza; Hans Rosenkranz, Director Ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias y Juan José Obach, Director Ejecutivo de Horizontal.

La Presidenta de la Comisión, Maria Jaraquemada quien fue la primera en exponer, señaló que “en temas de modernización del estado y de integridad muchas veces no tienen la prioridad necesaria, muchas veces también implica cambiar prácticas muy arraigadas” y se debe ir de la reacción a la proactividad.

De igual forma, Jaraquemada dijo que las propuestas van dirigidas a disminuir la burocracia es decir no “tapar a las instituciones privadas sin fines de lucro de requisitos de burocracia, de formularios, de procedimientos” y que el Estado pueda establecer una alianza eficaz con las fundaciones. Jaraquemada detalló que junto con la comisión intentaron recomendar tener menos leyes, registros y formularios pero mejores.

Sobre la Ley General de Transferencias, Ignacio Irarrázaval comentó que aunque existen distintas transferencias que sí están normadas, como las subvenciones escolares, lo que postulan es establecer “una ley marco (…) de transferencias que especifique cuáles son las funciones que sean concursables, criterios para asignar los recursos, ahí que se asegure que hayan pagos parcializados, cómo se van a hacer las rendiciones de cuenta, cómo van a ser los criterios de supervisión, etc”.

Además se destacó la necesidad de establecer un RUT o identificación única de las IPSFL, que permita poder cruzar información entre los portales web en las que estén registradas las fundaciones debido a que hay un déficit “de este identificador único, que no tienen RUT todas y hay algunos registros que sí los ingresan pero lo ingresan de modo voluntario, entonces lo que necesita el Registro Civil y hace muy seriamente su trabajo es que ese rut sea convalidador”, detalló el Director del CPP UC.

A esto se le suma la creación portal único de información sobre transferencias de recursos públicos a las IPSFL, una plataforma que logre “homologar el proceso de compras públicas con el proceso de adjudicación vía transferencia” similar a Chile Compras que a la fecha reúne esa información, finalizó Irarrázaval.

Para continuar con la exposición Maria Jaraquemada, afirmó que “hay un déficit de Transparencia Activa, también hay un déficit de implementación de la normativa de financiamiento para instituciones de formación política asociada a partidos” lo que hace necesario la obligatoriedad de la Transparencia Activa en ambas entidades antes mencionadas, sumado al fortalecimiento de la ley de Lobby.

Hans Rosenkranz, Director Ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias, comentó que para subir los estándares se deben promover gastos de administración que permitan hacer un trabajo eficiente, destacando que el tercer sector requiere que estos gastos sean considerados “siempre se trata la sociedad civil de una manera muy tutelar, se le dice cómo gastar, en qué gastar, cuándo se tiene que parar dónde se tiene que mirar”, afirmó.

Sobre las medidas que recomendarían para ser utilizadas por el gobierno, Para continuar con la conversación Catalina Littin mencionó la gran desinformación que existe en torno al seguimiento que le hace el Estado a las fundaciones “hay varias instituciones (…) que tenemos una armadura, o sea, un conjunto de sistemas de control de seguimiento y de acompañamiento por parte del Estado (…) que requiere tener una estructura dentro de las fundaciones” destacando que “no es verdad que el Estado no controle”.

Para finalizar, Juan José Obach agregó que sería un error agregar más control o regulación ya que “el Estado controla pero controla mal” y que para tener flexibilidad lo que se debe hacer es aumentar la transparencia “. Obach terminó la instancia señalando es necesario un balance entre control y flexibilidad, como también que ”no por recibir un peso del Estado va a ser culpable a priori y para eso el Estado se tiene que modernizar a todas luces”.

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