24 Junio 2019
Más de 500 jardines infantiles se podrían construir con los recursos que los colegios no han gastado al año 2017, de los montos recibidos mediante la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Así lo reveló un análisis realizado por el Centro de Políticas Públicas UC, sobre la implementación de la SEP entre los años 2008 y 2017.
Esta subvención comenzó a regir en 2008, con el objetivo de entregar más recursos a los colegios con alumnos vulnerables, para mejorar la calidad y equidad de los establecimientos educacionales. Estos montos han ido aumentando año a año, así como también el número de escolares beneficiados y los colegios que han firmado el convenio.
El análisis muestra que, en su primer año de funcionamiento, los establecimientos recibieron entre $7.138 y $21.262 por cada estudiante ‘prioritario’ que estuviera cursando de kínder a octavo básico. Actualmente la subvención entregada va desde los $8.617 a los $51.715 por alumno, dependiendo de su ciclo escolar y nivel de escolaridad, sumado a un aporte adicional por concentración de alumnos prioritarios del establecimiento que va entre los $1.984 y los $7.683. Respecto a la cobertura, con la incorporación de estudiantes de enseñanza media en 2013 y de alumnos preferentes en 2015, se ha pasado de 271.868 alumnos beneficiarios a 1.918.094, entre 2008 y
2017.
Sobre el análisis de la utilización de estos recursos, el reporte señala que los colegios han acumulado un saldo total de más de $435 mil millones (equivalente a USD$ 628 millones) de los fondos recibidos a través de la Subvención Escolar Preferencial, entre 2008 y 2017. Este monto corresponde al 44,7% del presupuesto anual que el Estado entregó por concepto de la SEP en 2017 a los colegios adheridos al programa. Además, muestra que más de $196 mil millones –equivalente al 45,1% del total del dinero acumulado– no está acreditado, es decir, que los sostenedores no han demostrado la existencia de estos dineros en la cuenta bancaria correspondiente.
“Estos datos demuestran que hay poca capacidad de gasto y gestión de estos recursos por una parte importante de los colegios que reciben esta subvención. Esto se torna aún más preocupante al observar la existencia de cuantiosos montos que no están acreditados en las cuentas bancarias de algunos sostenedores, porque ya se han constatado irregularidades en la utilización de estos recursos, lo que va en desmedro de quienes realmente lo necesitan y para quienes están destinados”, señala Nicolás Muñoz, subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC.
Aunque han mejorado los niveles de ejecución respecto de los primeros años de implementación, según el reporte, al año 2017 el 24,7% de los colegios ejecutó menos de la mitad de los recursos entregados. Además, se observa que los colegios con peor desempeño académico, categorizados como insuficientes, tienen un menor nivel de ejecución de este beneficio: en 2017 los establecimientos con desempeño alto llegaron a un nivel de ejecución de 69,7% de los recursos, mientras que los con desempeño insuficiente sólo ejecutaron el 53,4% de los ingresos recibidos.
El análisis establece, además, que los años en que hubo mayor ejecución de los recursos fue cuando los cambios normativos lo permitieron. Por ejemplo, en 2011, justo antes de que se cumpliera el plazo para la primera renovación del convenio, se permitió que los colegios gastaran 15% de los recursos en fines distintos a los establecidos por la subvención y en 2012 se permitió que los sostenedores de regiones afectadas por el terremoto de 2010 hicieran gastos en reparación, infraestructura y reposición de equipamiento.
Muñoz asegura que “esto no quiere decir que se dé la libertad a los sostenedores para gastar en lo que quieran, pero sí que hay que otorgar mayor flexibilidad para la utilización de los recursos, resguardando el marco de ‘fines educativos’ que estableció la Ley de Inclusión. La SEP corresponde a recursos adicionales para alumnos prioritarios y preferentes que asisten a establecimientos con un alto grado de vulnerabilidad, por lo cual tienen una necesidad evidente de contar con mayor financiamiento y de gastar esos mayores recursos”.
Actualmente, la Ley 20.248 que rige la Subvención Escolar Preferencial instruye que los recursos entregados deben ser destinados de manera exclusiva al cumplimiento de un Plan de Mejoramiento Educativo. Tras el anuncio presidencial realizado en la Cuenta Pública 2019, esta normativa experimentaría nuevamente una modificación, que contempla la ampliación del beneficio a 85 mil nuevos estudiantes, además de la flexibilización en el uso de los recursos.
A juicio de Muñoz este cambio “abre espacio no sólo para discutir sobre la flexibilización del uso de los recursos y la incorporación de más alumnos beneficiarios, sino que también es la oportunidad para revisar el funcionamiento de esta política en cuanto a la optimización del uso de recursos y el acompañamiento que se hace por parte del Estado a las escuelas, sobre todo a aquellas con bajo rendimiento y que gastan poco de lo recibido por la SEP”.
