UC presenta estudio sobre la relación de 25 políticas sociales con el empleo y la previsión

La Asociación de AFP, en conjunto con el Centro de Políticas Publicas de la UC, organizaron el seminario “Subsidios e informalidad laboral: desafíos y propuestas”, en que se presentaron estudios sobre dichos temas, seguido de un panel de conversación con destacados expertos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Paulina Yazigi, presidenta de la AAFP, y luego Cristián Crespo, Subdirector de Investigación Aplicada y Evaluación del Centro de Políticas Públicas UC, presentó el estudio “Incentivos de políticas sociales en dimensiones laborales y previsionales”.

Tras su exposición, Cristián Valdivieso mostró un estudio de caracterización sobre las personas que reciben subsidios, en que se entrevistó a 1.500 personas, el 78% de las cuales declara acceder a subsidios o beneficios estatales. Ello fue complementado con un análisis cualitativo del mundo informal, un fenómeno que involucra a 2,7 millones de trabajadores que no cotizan para su seguridad social.

Tras las exposiciones hubo un panel de conversación con los expertos María de los Ángeles Morandé, coordinadora del Observatorio Laboral RM, David Bravo, director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC, y Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico UDP.

Principales hallazgos del estudio del Centro de Políticas Públicas UC

El estudio del Centro de Políticas Públicas UC presentado en el seminario analizó cómo influirían teóricamente en el comportamiento laboral y previsional de las personas 25 políticas sociales, algunas dirigidas a la educación, vivienda, a los ingresos, empleo, previsión y salud.

Este análisis se basó en la elaboración de fichas de cada uno de los programas considerados, y en un análisis teórico, basado en la racionalidad económica, de los incentivos que generarían, incluyendo posibles efectos en el ámbito laboral, como participación, formalidad y dependencia, y posibles efectos en el ámbito previsional, como afiliación, cobertura, nivel y densidad de cotizaciones.

Entre los programas analizados se incluye la Pensión Garantizada Universal, con 1,5 millones de beneficiarios; el Subsidio Único Familiar, que beneficia a 2,1 millones de personas; y la Gratuidad Universitaria, con 475 mil estudiantes beneficiarios.

Uno de los principales hallazgos indica que en varias de estas políticas existe una tensión entre el cumplimiento de su propósito y el fomento de la formalidad laboral, ya que sus objetivos recaen en cubrir necesidades sociales y no en promover la formalización.

“Por ejemplo, los programas de transferencias monetarias buscan aliviar la condición de pobreza y hacer frente a la vulnerabilidad económica. Por otro lado, los programas de educación analizados buscan impactar en acceso y alimentación. Estos programas responden a necesidades reales de la población y por ende tienen objetivos que no están directamente alineados con lo laboral y previsional. El desafío por ende consiste en analizar potenciales ajustes en los diseños procurando atenuar potenciales desincentivos sin transgredir la calidad de la respuesta hacia estas necesidades sociales”, señaló Cristian Crespo, Subdirector de Investigación Aplicada y Evaluación del Centro de Políticas Públicas UC. Entre estas necesidades sociales se encuentran las relacionadas al acceso a la vivienda, donde el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, por ejemplo, alcanza 63 mil hogares beneficiarios.

Además, el estudio hace especial referencia al importante rol que juega la calificación socioeconómica de hogares, ya que un número relevante de programas está dirigido al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Esto generaría, en la teoría, una importante tensión en las familias para estar dentro de dicho umbral de la calificación, ya que quedar sobre éste reduce las posibilidades de acceso a políticas que complementan el ingreso de las familias o alivian su gasto presente o futuro.

Complementariamente, a su vez, se evidencia que existen políticas que sí generarían un incentivo a la formalización como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer; otros, en cambio, se vinculan directamente con los sistemas de seguridad social y con ello, al trabajo formal, como el Seguro de cesantía y el Subsidio previsional a los trabajadores jóvenes. En este sentido, es importante entonces comprender que existen teóricamente distintos tipos de incentivos en la globalidad de la política social, con programas que contribuyen a la formalización y la cotización.

Recomendaciones

Además del análisis anteriormente planteado, el estudio del Centro de Políticas Públicas UC presenta una serie de recomendaciones. Entre las sugerencias se encuentra el continuar fortaleciendo los incentivos en las políticas que promueven la formalidad, para –en algunos casos– aumentar los montos de los incentivos o mejorar la cobertura.

Por otro lado, se recomienda atenuar los desincentivos a la formalidad en un grupo de políticas donde esto sea factible, procurando impactar mínimamente en los objetivos originales de estos programas, por ejemplo, promoviendo la cotización de informales que reciben el Subsidio Único Familiar, destinando un porcentaje del beneficio a este fin o a un esquema de seguridad social.

El análisis además sugiere que se disminuya la importancia del umbral del 60% del Registro Social de Hogares, por ejemplo, utilizando mecanismos complementarios de focalización o que tengan mayor flexibilidad. Por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar podría ser más eficiente al priorizar su focalización en establecimientos, sin considerar a alumnos directamente.

Por último, se recomienda desarrollar un plan para mitigar los costos de las transiciones desde la informalidad hacia la formalidad, y así amortiguar la potencial pérdida de los beneficios en las personas que encuentren un empleo formal. Ejemplos de estas medidas son la suavización temporal del alza en la calificación de vulnerabilidad para quienes transiten hacia empleos formales o que el retiro de los beneficios no sea inmediato, sino que sea gradual, de forma de permitir una menor percepción de los costos de la formalidad y con ello estar más alineado con las dinámicas del empleo en el país.

Estudio de Criteria

En la encuesta realizada por Criteria, el 77% dijo estar inscrito en el Registro Social de Hogares o investigando cómo hacerlo.

A su vez, el 86% de los encuestados respondió que Fonasa es la política que genera mayor interés e importancia, seguido por el seguro de cesantía (85%), la PGU (82%) y la gratuidad (81%).

Respecto de la PGU, su valoración es especialmente alta en sectores más vulnerables y de mayor edad, llegando al 86% en el grupo socioeconómico D, y del 90% en quienes tienen más de 55 años.

Las preguntas en relación con la informalidad mostraron que las mujeres muestran una mayor disposición a la informalidad biográfica total que los hombres. Del mismo modo, la informalidad biográfica total, alcanza a un tercio de la población de personas jóvenes y mayores de edad, y se acerca al 40% en personas de GSE Bajo, explicó Cristián Valdivieso.

Además, el 61% de los encuestados eligió la opción de trabajar de manera independiente, frente al 39% que dijo dependiente.

Reacciones

Tras el seminario, Paulina Yazigi resaltó que es un “un paso más en la agenda de informalidad laboral que tenemos desde la asociación de AFP. Hemos hecho distintas miradas hacia la informalidad y hemos ido buscando distintas soluciones a través de proyectos e iniciativas que hemos impulsado. En el estudio de la UC hemos visto que hay subsidios que podrían desincentivar la formalidad, pero también hay otros que debieran empujar a una mayor formalidad, y que hoy vemos que no están teniendo los efectos que estábamos esperando. Sigamos discutiendo sobre el tema, y ojalá que hayan políticas públicas concretas que impulsen la formalización del empleo”.

En esa línea, Cristian Crespo agregó que se requiere  “seguir potenciando los diseños de las políticas públicas que apuntan a incentivar la formalidad y, por otro lado, explorar mecanismos de focalización alternativos que reduzcan la presión en la calificación socioeconómica, pero entendiendo que el acceso a estos programas son muy relevantes, como vimos en el seminario de hoy. En ese sentido, es bueno seguir conversando de informalidad, entender que esto es un estado dinámico”.

Desde el panel de expertos, David Bravo, advirtió las falencias en la actualización del Registro Social de Hogares, y la necesidad de que las personas declaren una dirección física y electrónica, ya que esa información es clave para la focalización de los subsidios. También abogó para que haya alguna institución o autoridad responsable de abordar la informalidad.

María de los Ángeles Morandé, coordinadora del Observatorio Laboral RM, enfatizó la necesidad de “generar empleo de calidad, de poder proteger a los trabajadores que están en empleos formales y también a los informales a poder potenciar que puedan formalizarse, porque sabemos que son trabajadores que están en situaciones más complejas, más precarios, más inestables en sus trabajos y también por el tema previsional, que finalmente nos afecta a todos y a la vejez de cada una de las personas”. Morandé señaló, además, que “hay muchos cambios pasando también en nuestra sociedad, el cambio demográfico, el cambio tecnológico, los cambios ambientales, etc. Muchos fenómenos que están influyendo en la forma como trabajamos y en la calidad del empleo y los trabajos que podemos acceder como sociedad”.

Juan Bravo valoró los estudios del Centro de Políticas Públicas UC y Criteria porque permiten “comprender de mejor manera la relación que existe entre los subsidios y la informalidad laboral. Creo que el panel de discusión posterior fue muy rico en el sentido de que permitió complementar algunas de esas conclusiones de esos trabajos y señalar aspectos complementarios. A mi juicio, éste es un tema muy relevante, la informalidad es un fenómeno que tiene que ver con múltiples aristas, pero una de ellas es el diseño de las políticas sociales. Las políticas sociales tienen impactos sobre fenómenos del mercado laboral y, en particular, sobre la informalidad laboral”.

Cristian Valdivieso dijo que la encuesta realizada por Criteria concluyó que la informalidad no es vista como un problema “tan urgente, pero que en términos de política pública es fundamental y creo que un seminario como éste le ha dado voz y relevancia a un tema que tiene que estar más en el tapete público. Y tiene que estar más en el tapete público porque hablamos muchas veces de que tenemos un 27% de informalidad que es un número altísimo de por sí, pero la verdad es que los estudios nos muestran que hay mucha gente que transita en momentos de informalidad y que esta informalidad está llegando fácilmente al 38-39% de la población y puede seguir creciendo”.

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