8 Noviembre 2016
Después de realizar diálogos participativos y audiencias públicas en todas las regiones, el Consejo Asesor Presidencial de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró un completo diagnóstico del estado de la participación en Chile. “Sería injusto no reconocer que fue un hito importante la Ley 20.500”, señaló Verónica Monroy, integrante de dicho Consejo, en el seminario Participación ciudadana y sistema político en Chile, organizado por esa entidad y el Centro de Políticas Públicas UC.
El Consejo de Participación Ciudadana nació en enero de 2016 para difundir y promover el derecho a la participación y la fiscalización de los órganos públicos en esta misma materia. Durante este año analizó la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Entre las debilidades que encontraron, Monroy mencionó que más de un centenar de municipios no han dictado reglamentos, que existen 40 instituciones públicas que no han constituido Consejos de Sociedad Civil (Cosoc) y que “los plebiscitos comunales locales son en la práctica irrealizables por sus barreras de entrada y costo”.
El que las instituciones no han cumplido se explica porque la ley carece de mecanismos de fiscalización, no existe financiamiento para los mecanismos de participación y “el carácter consultivo, informativo y no vinculante hace a los mecanismos muy poco efectivos, lo que desmotiva a participar a los dirigentes”.
Entre las propuestas de reforma a la Ley 20.500, Verónica Monroy planteó la creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil de forma permanente y crear una subsecretaría de Participación Ciudadana “que implemente una política nacional de participación ciudadana”. Además, el Consejo propone incorporar mecanismos de consulta adicionales a los existentes actualmente, dictar un solo reglamento de participación ciudadana en la gestión pública para todos los órganos del Estado y que los órganos tengan un ítem en el presupuesto público para financiar los mecanismos de participación definidos por ley.
La participación según los expertos
En el panel de discusión, representantes de diversos centros de estudio entregaron su visión sobre la situación actual de la participación. El director del Centro de Políticas Públicas UC y quien lidera el proyecto Sociedad en Acción, Ignacio Irarrázaval, destacó que “la Ley 20.500 fue un avance súper sustantivo” y que “hoy día constituir una organización es mucho más fácil” y mantuvo que el registro, pese a los cuestionamientos actuales al servicio, debe permanecer en el Registro Civil.
En su intervención Eugenio Ortega, Director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad, fue crítico respecto a que tenemos “partidos políticos débiles” y manifestó una inquietud: “Nos preocupa una cierta mirada muy Estado céntrica a partir de la construcción de la ley”.
El investigador del Instituto Igualdad, Flavio Quezada, destacó el diagnóstico realizado. “Hay una demanda muy sustantiva por participación genérica, pero muchas veces los mecanismos son engorrosos”, dijo y preguntó: “¿Por qué la gente no vota? Porque siente que es ineficaz”.
Por parte de Libertad y Desarrollo, el coordinador del Programa Sociedad y Política, Jorge Ramírez, planteó una interrogante base: “Cuando hablamos de participación, ¿cuál es el carácter de esta participación?”. También expresó su preocupación sobre una de las propuestas que apunta a rebajar el número de firmas para convocar plebiscitos comunales.
En tanto, Lorena Recabarren, directora ejecutiva de Horizontal, comentó que un pilar básico para la participación es la participación ciudadana y que los Cosoc “más que ser consejos que se reúnan una vez al mes me los imagino como espacios físicos de encuentro”.
El director del Área de Desarrollo Social y Participación de ICAL, Pablo Canelo, subrayó la importancia de discutir “sobre el sentido y los objetivos de la participación y también de su efectividad”, además de ver a esta como un medio y no como un fin en sí misma.
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