14 Noviembre 2024
Un reciente estudio de Sociedad en Acción, una iniciativa del Centro de Políticas Públicas UC, expone el impacto negativo del “Caso Convenios” en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Chile. La encuesta, realizada a 140 organizaciones, revela un complejo escenario que afecta tanto la operación de las OSC como la atención a miles de beneficiarios a nivel nacional.
Deterioro de la confianza y aumento de la burocracia
Las OSC han desempeñado un papel fundamental en el apoyo a grupos vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores y personas en situación de calle. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran una pérdida significativa de confianza y un incremento en los controles burocráticos impuestos por el Estado. Más del 80% de las organizaciones consultadas percibe que la carga burocrática ha aumentado de forma excesiva, lo que ha complicado sus procesos de trabajo. Además, un 60% de las OSC señala que la confianza del Estado en su labor ha disminuido considerablemente, afectando así la relación con sus contrapartes en el sector público. A pesar de las dificultades y el panorama negativo, solo el 20% de las OSC está considerando dejar de colaborar con el Estado, lo cual refleja el compromiso de estas organizaciones con el servicio público y su voluntad de seguir apoyando a quienes más lo necesitan.
Impacto financiero y estrategias de adaptación
El aspecto financiero de las OSC también ha sido duramente golpeado como consecuencia del Caso Convenios. La encuesta muestra que el 60% de las organizaciones ha experimentado una disminución en sus ingresos durante el período 2022-2023, lo cual incluye tanto donaciones privadas como transferencias públicas. Este impacto ha obligado a muchas OSC a adoptar estrategias financieras para hacer frente a la situación. El 55% de las organizaciones afectadas ha implementado medidas como la reducción de gastos operativos y ajustes en las remuneraciones, buscando así mantener su funcionamiento pese a las adversidades.
Consecuencias para los beneficiarios y programas sociales
La disminución de ingresos no solo afecta a las organizaciones en su operatividad, sino que también tiene consecuencias directas en su capacidad para mantener programas y atender a los beneficiarios. El 30% de las OSC encuestadas ha dejado de atender a algunos beneficiarios debido a la baja en sus ingresos. Además, la mitad de las organizaciones que han visto reducidos sus ingresos han debido detener la implementación de nuevos programas o disminuir la cobertura de los programas existentes. La situación es especialmente crítica para las organizaciones de mayor tamaño, ya que el 28% de ellas ha tenido que cerrar al menos uno de sus programas debido a la crisis financiera.
Desafíos en la ejecución de convenios y participación en licitaciones
Las dificultades en la colaboración con el Estado también se reflejan en problemas específicos con la ejecución de convenios y la participación en licitaciones públicas. Un 33% de las OSC reporta que han sufrido retrasos significativos en la aprobación de sus rendiciones, lo que afecta los flujos de caja y compromete la continuidad operativa de sus programas. Además, un 20% de las organizaciones tuvo que repetir rendiciones que ya habían sido aprobadas previamente, generando incertidumbre y retrasos en los pagos. En cuanto a las licitaciones, un 34% de las OSC indica que algunas convocatorias públicas que se realizaban de forma regular no se llevaron a cabo, afectando un promedio de cuatro licitaciones por organización y comprometiendo recursos financieros de hasta $1.453 millones en total. Las organizaciones medianas han sido las más afectadas en este aspecto, con un promedio de $2.113 millones comprometidos en licitaciones que no se concretaron.
Urgencia de un marco regulatorio claro
Los resultados de la encuesta subrayan la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio que permita la transferencia de fondos públicos a las OSC de manera transparente y efectiva, sin comprometer su operatividad. Si bien es fundamental evitar casos de corrupción, no se debe perjudicar a miles de organizaciones que trabajan de forma honesta y que son esenciales para el bienestar de muchas personas en Chile. Las organizaciones de la sociedad civil son aliadas clave en la implementación de políticas sociales y, para reconstruir la confianza entre el Estado y las OSC, es fundamental que se establezcan mecanismos que faciliten una colaboración más eficiente. Esta regulación debe permitir flexibilidad y adaptarse a la diversidad propia de la sociedad civil, evitando que una reglamentación excesiva afecte la esencia de la colaboración público-privada.
En este contexto, actualmente se está discutiendo en la Ley de Presupuesto una serie de requerimientos para las transferencias que realiza el Estado a las OSC. Aunque estas medidas buscan resguardar los recursos fiscales y asegurar su buen uso, las exigencias son tan altas que podrían hacer inviable el acceso de muchas OSC a estos recursos, limitando su capacidad para continuar con sus labores y apoyar a quienes más lo necesitan.
